Mediante un comunicado, el Poder Judicial ha anunciado este jueves que se ha decidido suspender a funcionarios de esta entidad en Colón y Atlántida por faltas al debido proceso en casos referentes a comunidades campesinas del municipio de Tocoa.
Los funcionarios citados serían: Zoe Doralina Guifarro, Ibeth Albertina Benítez, Vianey Cruz Recarte y Dila Iracema Guillén.
Aquí el comunicado:
El comunicado:
SANCIÓN A PERSONAL JURISDICCIONAL POR INOBSERVANCIAS A DEBIDO PROCESO EN CASO DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE TOCOA, COLÓN
El Poder Judicial de Honduras reitera su compromiso con la justicia y la protección de los derechos humanos, principios fundamentales que rigen nuestro accionar. En virtud de la denuncia presentada por el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Colón, en relación con la actuación de la Jueza Supernumerario el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Colón, Zoe Doralina Guifarro Díaz y los miembros de la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, Magistradas lbeth Albertina Benítez Erazo, Vianey Cruz Recatee y Dila Iracema Guillén, hemos procedido a investigar las irregularidades señaladas a través de la Supervisión General del Poder Judicial en relación a la negación de amparo solicitado para participar en un cabildo abierto donde se abordarían asuntos de impacto ambiental para los pobladores de comunidades afectadas en el municipio de Tocoa, Colón.
Tras un exhaustivo proceso de revisión, se determinó que la jueza y las magistradas involucradas incurrieron en graves faltas al debido proceso, al no garantizar el derecho a la defensa ya la tutela judicial efectiva. Estos actos, que constituyen una vulneración a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas supuestamente afectadas por el proyecto termoeléctrico de Inversiones ECOTEK S.A. de C.V., son inaceptables y contravienen las exigencias de la Constitución de la República y las normativas internacionales en materia de derechos humanos, así como de la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales (LOAT).
En consecuencia, la Presidencia del Poder Judicial ha dispuesto una sanción de un mes de suspensión de sus labores para las funcionarias judiciales relacionadas en esta decisión que imposibilitó la práctica de una prueba solicitada. Esta acción es una respuesta contundente y firme que reafirma la postura de esta administración ante comportamientos que desdibujan la independencia y la integridad del sistema judicial.
Es crucial recordar que, independientemente del resultado del amparo en cuestión, las violaciones procesales denunciadas son inaceptables y ponen en entredicho, no sólo la confianza en la administración de justicia, sino también el respeto a los derechos de las comunidades afectadas. La falta de atención a procedimientos básicos vulnera la esencia de la justicia y la dignidad humana.
El Poder Judicial de Honduras reitera su compromiso de asegurar un sistema judicial imparcial, equitativo y respetuoso con los derechos de todos los ciudadanos, y seguirá supervisando el cumplimiento de los estándares éticos y legales por parte de sus funcionarios para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro.
PODER JUDICIAL DE HONDURAS
