Comisiones del Senado mexicano aprobaron en lo general el pasado domingo el dictamen de reforma del Poder Judicial, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que busca elegir a través de voto popular a jueces y magistrados.
La aprobación, que se dio sin modificaciones, ocurrió con 25 votos a favor de la alianza oficialista conformada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT); y 12 en contra provenientes de la oposición.
Ahora, la iniciativa será discutida en lo particular para ser enviada al Pleno donde se prevé su discusión y votación el próximo miércoles.
Además de la elección de jueces por voto popular, el dictamen reduce de 11 a nueve ministros y ministras los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo de 15 a 12 años.
Además, dispone que ninguna persona que haya sido ministro pueda ser electa para un nuevo periodo, que la Presidencia de la SCJN se renueve cada dos años, de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, y que ésta corresponda a quienes alcancen mayor votación.
Las posturas en contra
Tras la decisión, el líder del opositor Partido Acción Nacional (PAN), el senador Marko Cortés, adelantó que el grupo votará en contra de esta propuesta “porque no resuelve, agrava los problemas. Esta propuesta es regresiva y destructiva de forma. ¿Por qué de forma? Porque hay un grave retroceso en el modelo democrático del país”, expuso.
Aseguró que la aprobación de la iniciativa “vulnera la autonomía al Poder Judicial” y que “está debilitando la figura del amparo como el principal recurso que tienen los ciudadanos contra actos arbitrarios e injustos de la autoridad, debilita sus alcances generales”.
Y afirmó que el proyecto genera “una gran incertidumbre jurídica y económica. Si no hay certidumbre, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay generación de empleo formal. Si no hay empleo formal, no hay pago de impuestos. ¿Y qué creen? Si no hay pago de impuestos, no hay programas sociales”, expuso.
Mientras que la senadora del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, manifestó que artículos del dictamen contravienen a otros artículos de la propia Constitución, así como a diversas disposiciones convencionales y tratados internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Luis Donaldo Colosio Riojas, del también opositor Movimiento Ciudadano (MC), expuso que la reforma no cubre todo el espectro de la procuración de justicia, prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los juzgadores, compromete la imparcialidad, la independencia, la autonomía y la constante capacitación, lo que pone en riesgo a los ciudadanos.
Las posturas a favor
En contraparte, el senador Gonzalo Yáñez, aseguró que el Grupo Parlamentario del PT votará a favor de la reforma “por convicción, por conciencia y por democracia”.
Mientras que Waldo Fernández González, del PVEM, subrayó que es falso que se “destruya” la carrera de los trabajadores del Poder Judicial y que cualquier persona se pueda inscribir para ser ministro, magistrado o juez.
El dictamen de reforma se aprueba en medio de protestas, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa.
También ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chamber of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
