Una fuerte suma de dinero del orden de los 90 mil dólares desapareció de una cuenta del Banco Nacional de Venezuela que estaba a nombre de la embajada argentina en Caracas y en el Gobierno la principal hipótesis es que se trató del ataque de un hacker. El hecho se conoce a pocas semanas de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la expulsión de todos los representantes diplomáticos en Venezuela, debido a que la Casa Rosada reconoció la victoria en las elecciones de Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.
El hecho ocurrió y que se descubrió la semana pasada, por lo que se abrió una investigación interna. La sospecha es que se trató de un robo mediante el acceso a la cuenta con datos y contraseñas obtenidos de algún modo ilegal.
La cuenta estaba en la sede central del BNV y tenía una importante suma de dinero en bolívares para ser destinada a los gastos de funcionamiento que tenía la representación diplomática en Caracas. De esa ciudad, a fines del mes pasado una delegación de 14 personas de Argentina tuvieron que salir de urgencia, debido a la orden de expulsión que firmó Maduro por la posición que tomó el gobierno de Milei ante el fraude a gran escala que cometió el régimen.
“Fue un robo. Creemos que pudo haber sido por un hackeo”, dijeron a este medio las fuentes, que no descartaron que pueda estar involucrado algún agente u organización ligada al chavismo.
Las fuentes consultadas sobre el robo confirmaron que el dinero de la cuenta estaba asignado al funcionamiento de la residencia del Embajador argentino, que quedó bajo la tutela del gobierno brasileño de Lula Da Silva, tras una gestión in extremis, cuando se agotaba el tiempo. En esa dependencia hay seis colaboradores de María Corina Machado, que tuvieron refugio debido a la persecución del régimen de Maduro y Diosdado Cabello.
Desde hace meses, están viviendo en la residencia de Caracas Pedro Urruchurtu Noselli, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Omar González, Fernando Martínez y Mottola y Magalí Meda. Argentina corría con la responsabilidad de darles alimentos y asistencia mientras esperan poder salir del país. Hasta ahora, fines de agosto, la dictadura no habilita los salvoconductos para poder viajar y abandonar el país. Tras la expulsión, Brasil quedó a cargo de representar los intereses argentinos, entre ellos la atención de los refugiados.
