- Siete dependencias estatales concentran el 82 % de la ejecución presupuestaria en gastos judiciales.
- Seis de cada 10 procesos judiciales contra el Estado corresponden a demandas laborales.
Tegucigalpa, 23 de julio de 2024. Entre 2019 y 2024, el gobierno de Honduras ha pagado L 11,872.3 millones por demandas judiciales, un indicador de la dilapidación de fondos que pudieron destinarse a atender imperantes necesidades en sectores como salud, educación o seguridad, reveló este martes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Tradicionalmente, interponer una demanda contra el Estado hondureño ha sido considerado un proceso con alta probabilidad de éxito. En consecuencia, el fracaso del Estado ha derivado en el despilfarro millonario equivalente a siete veces el presupuesto destinado a construcciones escolares, seis veces el presupuesto de la Dirección General de la Policía Nacional y cuatro veces el presupuesto destinado para construcción de hospitales.
El capítulo hondureño de Transparencia Internacional señaló que las demandas judiciales contra el Estado de Honduras se incrementaron de 3,266 en 2019 a 10,952 en 2023. De un total de 29,640 registradas por la Secretaría de Finanzas entre 2019 a 2024, el 65 % corresponden a demandas laborales por despidos injustificados, remociones indebidas y malas prácticas, entre otras. Los procesos contencioso- administrativos representan el 30 % del total de los procesos judiciales, en su mayoría por incumplimientos a los procesos administrativos a nivel central y 4 % responden a demandas civiles.
Cabe señalar que el 82 % de la ejecución en gastos judiciales en los últimos cinco años se concentran en apenas siete instituciones: Empresa Nacional de Energía Eléctrica (31%), Fondo Hondureño de Inversión Social (20%), Secretaría de Infraestructura y Transporte (10%), Secretaría de Finanzas (10%), Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (4%), Secretaría de Educación (3%) y Secretaría de Salud (3%).
ENEE: Demandas sin legitimidad, con numerosas inconsistencias y pago duplicado
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ejecutó entre 2019 y junio de 2024, L 3,711.1 millones en procesos judiciales, monto superior al de otras instituciones. Parte de estos fondos corresponden a dos demandas interpuestas por el Sindicato de Trabajadores, STENEE, por el pago de incremento de salario según índice inflacionario y por nivelación salarial.
Mediante el primer proceso judicial, el STENEE reclamaba L 433,831,802.10 y en el segundo, L 1,042,557,254.28. En ambos casos, se obtuvo sentencia favorable para el STENEE, por lo que, el 2 de agosto de 2023 por requerimiento del Juzgado de Letras, se ordenó a la estatal eléctrica que comenzara con los pagos correspondientes a las demandas ejecutivas laborales.
En estos procesos no fueron consideradas varias inconsistencias, entre ellas que las demandas fueron presentadas en el juzgado de Tocoa, Colón, aunque el domicilio de la ENEE y STENEE es Tegucigalpa y ya se habían presentado denuncias sobre estas pretensiones en la capital hondureña. Además, las denuncias fueron presentadas por el presidente del sindicato, pero según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, esta persona no funge en el cargo desde el 15 de julio de 2022.
Por otro lado, según declaraciones de los empleados de la ENEE, 90 % de ellos habían demandado de forma individual y colectiva por el pago del incremento por índice inflacionario y por nivelación salarial. Lo que sugiere que la empresa realizó ambos pagos, de forma individual y a la STENEE por las mismas pretensiones.
Si bien la Procuraduría General de la República y la ENEE han realizado acciones para solicitar la nulidad de los procesos y recuperación de los fondos, ASJ –a través del centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC)- presentará una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar una investigación integral, objetiva y célere de las actuaciones de los implicados para deducir responsabilidades, desmantelar estructuras corruptas perjudiciales para el Estado y ejercer acciones de repetición y condenar este tipo de malas prácticas.
