La Cancillería anunció este viernes el regreso de Argentina a la denuncia hecha en 2018 en la que se pedía a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que investigue al régimen de Caracas por la sistemática violación de derechos humanos. La gestión de Alberto Fernández había decidido retirarse en marzo del 2021, una medida que fue celebrada por el gobierno de Nicolás Maduro.
“En el día de la fecha, la República Argentina comunicó a la Corte Penal Internacional su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021.
Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela.
La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el ministerio a cargo de Diana Mondino.
La demanda había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Sin embargo, en marzo del 2021 la gestión de Alberto Fernández retiró su apoyo a la demanda, el mismo día que anunció su salida del Grupo de Lima, foro regional alineado con Estados Unidos.
En ese entonces, el gobierno argentino sostuvo que la salida de ese bloque regional se debió a “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más del Grupo de Lima” que había llevado a “posiciones que nuestro Gobierno no ha podido ni puede acompañar”.
En el comunicado, también denunció que las acciones del foro, liderado en las formas por Brasil y Colombia, no habían “conducido a nada” y dijo que la solución a la crisis venezolana pasa por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector en particular”, y que permita la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría con control internacional”.
Esa decisión de la gestión de Fernández fue celebrada por Venezuela. “Tiene un valor simbólico importante”, había destacado uno de los máximos integrantes del Palacio de Miraflores, Tarek William Saab, durante una rueda de prensa.
En su comparecencia ante los periodistas, Saab también señaló la importancia de la decisión del gobierno kirchnerista de no acompañar las graves acusaciones sobre supuestos crímenes contra la humanidad que cometió el régimen de Maduro. “Se retira Argentina de esa denuncia, y eso es muy importante, tiene un valor simbólico importante que tenemos que fijar con mucha atención. Por algo lo hacen”, dijo el Fiscal General de Venezuela.
La denuncia
Durante nueves meses expertos internacionales independientes convocados por la OEA recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DD.HH.
El informe de 489 fojas analizó también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.
El documento incluyó 26 testimonios de testigos que prestaron declaración en cinco audiencias públicas organizadas por la OEA; decenas de relatos de testimonios de víctimas y familiares de víctimas e informes entregados por más de 40 organizaciones no gubernamentales venezolanas e internacionales.
Entre sus conclusiones, el informe señaló que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas; identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015; más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder luego de la muerte de Hugo Chávez.
El informe mencionó que hasta ese entonces habían sido detenidas más de 1.300 personas por su posición política contraria al régimen de Maduro. En efecto, señala “un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento identificado de la población civil de Venezuela.
