Un juez federal bloqueó temporalmente este miércoles una parte de la dura ley antiinmigrante de Florida que penaliza el transporte al estado de cualquier persona que carezca de estatus migratorio legal.
La Sección 10 de la SB 1718 ha puesto a miles de floridanos y residentes de otros estados -tanto ciudadanos como no ciudadanos- en riesgo de ser arrestados, acusados y procesados por un delito grave por transportar a Florida a una categoría de inmigrantes vagamente definida, incluso por actos simples como llevar a un miembro de la familia a una cita médica o irse de vacaciones en familia.
Tras la entrada en vigor de esta ley el 1 julio del año pasado, la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida demandó al estado, alegando que la ley era inconstitucional.
La organización afirmó que sus miembros se verían separados de sus familias, no podrían acudir a citas médicas para salvar sus vidas y se les impediría conducir hasta las agencias de inmigración que supervisan sus casos. Se arriesgaban a ir a la cárcel si lo hacían.
El juez del caso, Roy K. Altman, de la corte del distrito Sur de Florida, rechazó este miércoles el argumento de los demandantes de que la ley era inconstitucionalmente vaga, pero se mostró convencido de que, al penalizar el transporte de inmigrantes indocumentados, el Estado estaba usurpando la autoridad federal en materia de inmigración.
¿Por qué es polémica la ley SB 1718 en Florida?
La ley SB 1718 sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de inmigrantes indocumentados, prohíbe licencias de conducir emitidas por otros estados y exige a los hospitales que reciben Medicaid (seguro médico del gobierno) preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
La SB 1718 también “hace que sea una violación de la ley estatal que cualquier persona a sabiendas emplee, contrate, reclute, por sí mismo o por cuenta ajena, para un empleo público o privado a un extranjero que no está autorizado para trabajar en Estados Unidos a partir del 1 de julio de 2023”, advierten en un folleto el Americans for Immigrant Justice (AIJ) y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
