El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), logró una sentencia de privación definitiva de dominio sobre 42 bienes divididos en inmuebles, cuentas bancarias y vehículos, propiedad del exsubcomisionado de policía, José Orlando Leiva Natarén y su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz.
En total, los bienes que pasan al Estado son 29 cuentas bancarias, ocho vehículos y cinco bienes inmuebles, cuyos titulares de derecho son el exsubcomisionado José Orlando Leiva Natarén y su esposa Nancy Patricia Sánchez Cruz.
Es preciso destacar que también se logró la privación definitiva de dominio de la sociedad mercantil Corporación Natarén S. D. R.L. (CONAR) dedicada a la compra, venta, distribución, importación y exportación de automotores y demás accesorios para vehículos, propiedad de los ciudadanos antes mencionados.
De acuerdo al expediente, el monto por el cual se emitió esta sentencia y que no pudieron justificar tanto el exsubcomisionado y su cónyuge es de trescientos trece millones dos mil setecientos setenta y un con un centavo (Lps 313,002,771.01).
En 2018, el Ministerio Público, en el marco de la Operación “Dragón V”, acusó por el delito de lavado de activos a Leiva Natarén y Sánchez Cruz. De acuerdo a la investigación dirigida técnica y jurídicamente por fiscales de la UF-ADPOL y practicada por agentes de la ATIC, Leiva Natarén en un período comprendido entre 2006 y 2017 presentó un comportamiento financiero atípico, llegando a mover en el sistema financiero alrededor de L 913 millones, teniendo un incremento patrimonial injustificado de L 300 millones, de los cuales L 282 millones corresponden a las operaciones de la empresa CONAR, L 15 millones de Leiva Natarén y 3 millones de su esposa.
Tales cantidades de dinero no concuerdan con las utilidades de CONAR o con lo devengado por el subcomisionado durante 25 años de servicio dentro de la estructura de la Policía Nacional.
Es de resaltar que el exoficial de policía ya fue capturado en Estados Unidos, por ello las autoridades del Ministerio Público coordinan la extradición del imputado al país, donde responderá por el delito del que se le acusa.
