El futuro de una barrera de boyas gigantes, colocadas el año pasado por el gobernador de Texas Greg Abbot en el río Bravo (Grande) para disuadir el paso de migrantes, podría depender de si un tramo rocoso y poco profundo del río fronterizo puede considerarse “navegable” y si, en ocasiones, la inmigración constituye una invasión hostil.
El pleno de 17 miembros del Quinto Tribunal de Circuito de Estados Unidos escuchó este miércoles argumentos sobre estos temas en Nueva Orléans, en el más reciente debate en los tribunales de las múltiples disputas legales sobre el control fronterizo entre el presidente demócrata Joe Biden y el gobernador republicano. Los jueces no indicaron cuándo emitirían un fallo.
En una parte de la audiencia se tocó el tema de la afirmación de Texas de que la barrera está autorizada constitucionalmente como un medio de defensa contra una invasión.
“¿Me están diciendo que la ley federal supera al derecho constitucional del estado?”, preguntó la jueza Edith Jones al procurador del Departamento de Justicia Michael Gray. Después añadió: “¿En qué circunstancias puede Estados Unidos frustrar ese intento de autodefensa?”
En respuesta a las preguntas de Jones y del juez James Ho, Gray argumentó que el gobernador no puede pasar por alto la ley federal simplemente afirmando que hay una invasión.
“Su argumento es que, una vez que se menciona la palabra invasión, ‘Podemos hacer lo que queramos durante el tiempo que queramos’. No creemos que esto sea correcto”, dijo Gray.
Sin embargo, gran parte de la audiencia tuvo que ver con si el gobierno tiene razón en cuanto a que el río Bravo está sujeto a la regulación federal como una vía fluvial navegable
Texas afirma que el tramo del río es rocoso y poco profundo, describiéndolo como “con una profundidad que llega hasta el tobillo” en uno de los documentos del tribunal.
