Las organizaciones no gubernamentales Alerta Venezuela, Espacio Público y Voto Joven presentaron un informe que hizo hincapié en las restricciones que enfrentaron los venezolanos en el exterior para acceder al Registro Electoral, ya sea para la actualización de datos o para el registro por primera vez, a fin de poder ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio en el país caribeño.
La defensora, educadora y especialista en derechos humanos Ligia Bolívar, coordinadora del estudio, aseguró: “Que el 25% de la población con capacidad de votar no pueda hacerlo, es un fraude preelectoral masivo”.
“Tenemos casi nueve millones de venezolanos en el exterior, de los cuales obviamente no todos pueden votar porque muchos son menores de edad, entre otras razones. Pero las estimaciones de los expertos en el tema electoral consideran que, de esos nueve, por lo menos cinco millones estarían en capacidad de votar porque son mayores de edad. Eso, por un lado. Entonces ya por ahí hay cinco millones”, siguió.
Respecto a los que viven en el país, Bolívar indicó que “se habla de unos cuatro millones de nuevos votantes que no se han podido inscribir, más los que tenían que cambiar de residencia porque se han mudado. Entonces, el registro electoral es para las dos cosas: para el cambio de residencia o para los primeros electores”, aclaró.
“De hecho, si sumamos cuatro más cinco, pues fácilmente nos da nueve millones de personas. Y si tomamos en cuenta que el registro estuvo por debajo del 1% en general, tengo que revisar las cifras exactas, pero nosotros hicimos estimaciones y proyecciones en ese momento porque no teníamos las cifras del registro que están saliendo ahora por partes”, consignó.
La coordinadora del informe luego explicó: “Si sumamos entonces esos nueve millones, y en Venezuela hay 21 millones de personas, incluso podría ser hasta más de un 25%. Nosotros pusimos una cifra conservadora, pero podría ser hasta un tercio de la población.
Porque si tenemos 21 dentro del país y 9 más son 30, estamos hablando de casi un tercio. Pero conservadoramente, con el optimismo de que algunos hayan podido registrarse, pusimos esa proyección de 25% de la población que estaría incapacitada para votar porque no se pudo registrar. Esa es más o menos la lógica del cálculo detrás de esa cifra”.
La especialista en derechos humanos destacó que también están las personas “sin contar” dentro de los pocos que pudieron registrarse y luego les llegó un correo que decía que sus datos tenían inconsistencias y que tenían que regresar al consulado.
“Ahí ya algunas personas desistieron porque son temas también de pérdida de días de trabajo, de tiempo. Y no todos se pueden dar el lujo de seguir perdiendo días laborales para ir al consulado, entonces también ahí hay un grupo adicional que estaría. No sería quizás sustantivo, pero sí considerable, que también queda fuera aun habiéndose podido registrar”, detalló.
Por último, remarcó: “Todo esto fue deliberado porque no existe una base jurídica para limitar la posibilidad de registrarse solamente las personas que tienen residencia permanente, por una parte; y por otro lado, tampoco hay excusas válidas para que el registro se haya retardado casi dos semanas y que haya habido diferentes interrupciones a lo largo del proceso”.
“Eso fue en todas partes, no solamente en Colombia. Lo vimos en varios países. Creo que está destacado el caso de Argentina, donde tuvimos diferentes testimonios sobre lo que eran las demoras deliberadas, de nuevo, sobre el proceso. Entonces, por eso hablamos de un fraude electoral masivo porque no son cuestiones accidentales, sino deliberadas”, concluyó.
