Un grupo de congresistas demócratas respaldado por defensores de los inmigrantes y líderes empresariales solicitó al Gobierno del presidente Joe Biden ampliar el acceso a permisos de trabajo a “todos” los indocumentados, especialmente aquellos que han vivido y aportado a la economía por largo tiempo.
Liderados por los representantes a la Cámara Jesús “Chuy” García, Adriano Espaillat y Lou Correa, el grupo instó a la Casa Blanca a usar el poder ejecutivo para otorgar permisos de trabajo a indocumentados que no se han visto favorecidos por ninguno de los nuevos programas establecidos por la Administración Biden.
En una carta dirigida al mandatario estadounidense, al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y a la directora de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Ur Jaddou, los legisladores aseguraron que los permisos de trabajo “protegerían aún más” a los inmigrantes de la explotación laboral.
Añadieron que otorgar permisos de trabajo a inmigrantes que han vivido en el país por largo tiempo podría aumentar los ingresos fiscales anuales en aproximadamente $13,800 millones de dólares.
Proponen establecer tres nuevos programas que otorgarían permisos de trabajo para cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses, para inmigrantes que llegaron siendo niños, pero no fueron elegibles para el programa de Acción Diferida (DACA) y para trabajadores que han pagado impuestos durante años.
Los congresistas aplaudieron los esfuerzos de la Casa Blanca por otorgar permisos de trabajo a los solicitantes de asilo recién llegados, pero señalaron que “es hora de extender esta dignidad (los permisos) a las comunidades de inmigrantes de más largo plazo en Estados Unidos, que han esperado ayuda durante décadas”.
Se estima que en EE.UU. hay cerca de 10 millones de inmigrantes que esperan desde hace años una reforma migratoria, que hizo parte de las promesas de campaña de Biden para llegar a la Casa Blanca pero que no ha logrado tener eco en el Congreso.
La petición fue respaldada por la presidenta del Caucus Hispano del Congreso, Nanette Barragán, y otros 10 congresistas, así como 87 funcionarios electos y 11 organizaciones de defensa de los inmigrantes.
