Los planes del presidente Joe Biden de utilizar el poder ejecutivo para cerrar la frontera y con ello frenar el cruce de inmigrantes indocumentados desde el lado mexicano, se han demorado más de la cuenta. Si bien marzo registró una leve baja de apenas el 0.2% comparado con febrero en los hallazgos por parte de la Patrulla Fronteriza, en lo que va del año fiscal 2024 van 1,340,801 arrestos y la proyección señala que este año podría batirse un récord.
Mientras la Casa Blanca sigue barajando opciones para bajar el número de detenciones de extranjeros indocumentados, los republicanos no ceden en su estrategia de convertir el tema de la inmigración en pieza clave de la elección de noviembre, donde Biden se enfrentará nuevamente a Donald Trump, quien ha prometido restablecer su cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ desde el primer día si gana los comicios.
Biden lo sabe e incluso habla del tema. En una reciente entrevista exclusiva con Televisa Univision transmitida la semana pasada, el mandatario le dijo al periodista Enrique Acevedo que había sugerido a sus principales asesores el uso del poder ejecutivo firmando un decreto que incluya un cierre de la frontera para detener el cruce ilegal de extranjeros.
“Sugerí eso”, afirmó Biden. “Estamos examinando si tengo ese poder o no. Tendría ese poder según la legislación”, agregó y explicó que el cierre se produciría “cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla porque no puedes gestionarla”.
Pero Biden advirtió que “no hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación (el respaldo del Congreso)”. Y anticipó que, de hacerlo, como demandan los republicanos, “podría ser demandado ante los tribunales de justicia” y con ello verse obligado a revertir esa decisión.
El tema está sobre la mesa
Otra razón de peso para retrasar la firma de una orden ejecutiva que incluya un cierre de la frontera es la falta de recursos proporcionados por el Congreso con fondos de emergencia para la contratación de cientos de oficiales para las agencias que participan en el proceso migratorio, entre ellos de la Patrulla Fronteriza, la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).
La falta de recursos debilitó la capacidad de respuesta del gobierno de Biden para atender la crisis fronteriza en marzo respetando el debido proceso. “Ni siquiera tenemos suficientes agentes para entrevistar a las personas y discernir si tienen un temor o preocupación legítimos para calificar para ingresar” (a Estados Unidos) en busca de asilo, dijo el mandatario durante la entrevista.
La falta de recursos, un tema que Biden viene demandando al Congreso desde octubre del año pasado cuando se iniciaron conversaciones bipartidistas sobre la emergencia, que en febrero fracasaron por falta de apoyo de ambos partidos, volvió a ser mencionada el lunes por la publicación Axios. “Sin dinero para implementarla (una orden ejecutiva que incluya el cierre de la frontera) no sería efectiva”, aseguró el medio. “Han llevado a Biden y sus principales asesores a ser más deliberativos antes de tomar medidas”.
En el caso de dar el siguiente paso y firmar la orden ejecutiva, Biden utilizaría una vieja herramienta de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) conocida como Sección 212(f), que Trump ya utilizó desde el inicio de su gobierno en 2017.
