Este martes el Congreso de los Diputados de España aprobó iniciar el tratamiento de una iniciativa legislativa popular (ILP) que demanda la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes que viven en el país.
Las iniciativas legislativas populares (ILP) son el único mecanismo de democracia directa que reconoce la legislación española para la modificación de leyes. En esta ocasión ha sido fruto del trabajo de alrededor de 900 organizaciones de la sociedad civil y de colectivos de migrantes que consiguieron reunir el apoyo y las firmas de más de 600.000 ciudadanos validadas por la Junta del Censo Electoral.
El proceso se inició en el año 2002 cuando el movimiento Regularización Ya, conformado por organizaciones por los derechos de las personas migrantes de todo el Estado, inició el proceso participativo ciudadano recogiendo en las calles las firmas en apoyo de su propuesta.
En este tiempo, esta iniciativa ha contado con 84 mociones a favor en plenos de otros tantos Ayuntamientos, así como en la Diputación de Cádiz y en el Parlamento del País Vasco.
El 12 de marzo la iniciativa se presentó por segunda vez ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, después de que su recorrido quedara interrumpido el año anterior con la convocatoria adelantada de elecciones para el 23 de julio.
La cita de este martes era a vida o muerte, toda vez que si no se decidía tomarla en consideración no pasaría al periodo de enmiendas y se procedería al archivo definitivo de la propuesta.
¿Qué significa la regularización?
La regularización propuesta afectaría a cientos de miles de personas que viven, y la una gran parte de ellas trabajan, en España, la gran mayoría de ellas procedentes de América Latina.
En los últimos 40 años España ha aprobado nueve regularizaciones de este tipo, cinco impulsadas por el Partido Popular y cuatro por el PSOE. Este fue quien implementó la última de la mano del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el año 2005.
La diferencia entre tener o no tener papeles es una cuestión de derechos fundamentales, pues la regularización garantiza el acceso a la justicia, la salud o la vivienda.
