Hay 22 detenidos en varios países por un fraude por cobro de subvenciones para empresas ficticias
De los sospechosos, ocho se encuentran en prisión preventiva, mientras que los 14 restantes están bajo arresto domiciliario
La Comisión Europea resta importancia y confía en el control de los mecanismos de vigilancia impuestos
La Fiscalía Europea ha dado orden para que sean detenidos más de una veintena de sospechosos de haber malversado al menos 600 millones de euros de fondos europeos en Italia, Austria, Rumania y Eslovaquia. Las detenciones se han llevado a cabo a consecuencia de una voluminosa investigación sobre un fraude masivo vinculado al fondo de recuperación que la UE creó para superar los efectos negativos de la pandemia en la economía de los países miembros. A petición del organismo fiscal, una unidad de unos 150 agentes de las unidades de la policía financiera y contra el fraude detuvieron a ocho personas y otras 14 fueron puestas bajo arresto domiciliario en Italia.
Se trata del mayor caso de fraude detectado hasta ahora en los fondos europeos de recuperación que ascienden a 750.000 millones de euros y de los que Italia y España son los principales beneficiarios. En total, la oficina de la fiscalía en Venecia ha informado de la detención de 22 personas en Italia, Eslovaquia, Austria y Rumanía.
La Fiscalía ha llevado a cabo una delicada investigación transfronteriza sobre una lo que se ha considerado como una organización criminal. En los registros de casas y oficinas, la policía ha confiscado numerosos activos supuestamente adquiridos con el dinero proveniente de estas operaciones consideras delictivas. Entre otras cosas la policía ha confiscado apartamentos y chalets, criptomonedas, relojes de lujo, oro y joyas, así como varios coches, entre ellos un Lamborghini, un Porsche y un Audi Q8.
La asociación criminal es sospechosa de orquestar ese plan de fraude entre 2021 y 2023. En concreto lo habría hecho con el fin de obtener fondos del Plan Nacional Italiano de Recuperación y Resiliencia (NRRP), parte del FRR, el pilar principal del plan de recuperación NextGenerationEU, informa la nota.
En concreto, hace tres años, en 2021, estos sospechosos pidieron recibir subvenciones a fondo perdido con el fin de apoyar la digitalización, innovación y competitividad de pymes, para expandir sus actividades a mercados en el exterior. Supuestamente, estos sospechosos crearon y depositaron balances corporativos falsos para mostrar que unas empresas que en realidad eran ficticias e inactivas, eran activas y rentables. Según informa la Oficina de la Fiscalía, los arrestados transfirieron estos fondos a sus cuentas en Austria, Rumanía y Eslovaquia.
La Comisión resta importancia
Por ahora, la Comisión Europea ha decidido restar importancia a este hecho y en la primera reacción oficial ha considerado que los fondos de recuperación «tienen mecanismos robustos de control, basados en las autoridades nacionales ya que son los países miembros los que tienen que detectar los fraudes, dobles usos o uso indebido de esos fondos. De hecho, los países deben incluir estos mecanismos de control en sus planes y en estos momentos la Comisión considera que existen suficientes protecciones» para ese dinero.
Italia es con diferencia el país más beneficiado por los fondos ‘Next Generation’ de los que puede recibir hasta 191.500 millones de euros si se suman subvenciones a fondo perdido y préstamos. El gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni está actualmente bajo presión de las autoridades europeas para cumplir con los plazos de gasto del fondo y finalización de los proyectos ante la posibilidad de que le sean retirados.
Las autoridades italianas dicen que el fraude denunciado habría sido llevado a cabo por una asociación criminal en la que han jugado un papel esencial un grupo de profesionales con experiencia en la solicitud de financiación pública.
En un comunicado sobre este caso, afirman que en sus investigaciones había identificado «el lavado de enormes ganancias ilícitas llevado a cabo a través de una compleja red de compañías ficticias inteligentemente establecidas en Italia, Austria, Eslovaquia y Rumania», a través de un «refinado aparato de lavado de dinero… utilizando tecnologías avanzadas como servidores en la nube ubicados en países que no cooperan, criptoactivos e inteligencia artificial para producir documentos falsos».
Las operaciones policiales se han llevado a cabo en varios países de Europa con la participación de fuerzas policiales de Eslovaquia, Rumanía y Austria, y de la Fiscalía Europea.
