Naciones Unidas acusó el jueves al régimen de Nicaragua de cometer “graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes contra la humanidad” en una investigación sobre la creciente represión a la disidencia política en la nación centroamericana.
La dictadura de Daniel Ortega ha perseguido a sus opositores durante años en una campaña que alcanzó su punto de inflexión en las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en una represión violenta por parte de las autoridades.
Pero en el último año, la represión se ha extendido a grandes sectores de la sociedad con el objetivo de “incapacitar cualquier tipo de oposición en el largo plazo”, según un grupo independiente de expertos de la ONU que investigan la situación desde marzo de 2022.
“Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política, ya sea real o percibida”, indicó Jan Simon, un experto que dirigió la investigación, en un comunicado. “El gobierno ha solidificado una espiral de silencio que incapacita cualquier posible oposición”.
El régimen de Ortega ha repetido que las multitudinarias manifestaciones de 2018 fueron un golpe de Estado fallido orquestado por Estados Unidos, y suele responder con el mismo argumento a las críticas.
El Estado ha atacado a civiles, incluyendo estudiantes universitarios, indígenas, negros, así como a miembros de la Iglesia católica. Ahora persigue a menores y familiares por el simple hecho de estar relacionados con personas que alzaron su voz contra las autoridades.
En diciembre, la policía acusó a la directora del concurso de belleza Miss Nicaragua de un complot por el que habría manipulado la competencia contra las aspirantes partidarias del régimen. En febrero, la dictadura cerró más grupos sociales, incluyendo la organización de scouts del país y un rotary club.
De acuerdo con el reporte, la represión ha traspasado las fronteras del país y alcanzó a los cientos de miles de personas que huyeron de ella, principalmente a Estados Unidos y Costa Rica. Cientos de nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad y ahora son apátridas, por lo que no pueden acceder a los derechos fundamentales.
El informe de la ONU instó al régimen de Ortega a poner en libertad a los ciudadanos detenidos “de forma arbitraria” y pidió a los líderes mundiales que amplían las sanciones a “individuos e instituciones implicados en violaciones de los derechos humanos”.
El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el régimen de Daniel Ortega perpetra “abusos y crímenes” para “eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”.
“El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas”, declaró el Grupo, al reiterar expresiones del informe presentado hace un año.
Sin embargo, “la situación ha empeorado” el último año debido a la “consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado”, en especial del poder judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, agrega.
“Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”, según el documento.
“El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional”, afirmó Jan Simon.
El grupo de expertos es independiente y fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).
