Diecinueve sacerdotes expulsados del país, decenas de incidentes de acoso y profanaciones de iglesias, áreas rurales carentes de culto y servicios sociales: la situación del clero y de los fieles católicos en Nicaragua empeora en 2024, según sacerdotes exiliados, laicos del país centroamericano y defensores de derechos humanos.
El miedo a la represión en curso por parte del presidente Daniel Ortega, contra la Iglesia católica en particular, pero sin escatimar a los evangélicos, se ha vuelto tan generalizado que silencia las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito.
“Cada vez el silencio se hace más profundo”, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos. Su trabajo, en el que registró cientos de casos de persecución eclesiástica, le valió recientemente un Premio a la Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Si es peligroso rezar el rosario en la calle, extremadamente lo es hacer denuncia”, declaró Molina. “Muchos sacerdotes consideran (que) si denuncian, hay más represalias contra la comunidad. Nosotros como laicos queremos que ellos hablen, pero la única alternativa es el cementerio, la cárcel o el destierro”.
La abogada contó 30 profanaciones de iglesias en el último año, de las cuales sólo unas cuantas fueron denunciadas a las autoridades. Recientemente, supo de un sacerdote que acudió a la policía tras un robo en su iglesia, solo para recibir insultos y que le dijeran que él era sospechoso.
