Estados Unidos manifestó una vez más su oposición al accionar del régimen de Nicaragua, en esta oportunidad tras dos episodios de gran relevancia.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, se pronunció este viernes al cumplirse un año de la expulsión masiva de 222 presos políticos y lamentó que, en todo este tiempo, el binomio Daniel Ortega-Rosario Murillo sólo ha intensificado sus esfuerzos por “silenciar las voces del pueblo nicaragüense”.
El matrimonio dictador “sigue deteniendo injustamente o forzando al exilio a aquellos que quieren ejercer sus Derechos Humanos y libertades fundamentales en Nicaragua”, sostuvo Miller y reiteró su pedido por el respeto de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos.
Sus palabras se sumaron, a su vez, a las múltiples sanciones que en el último tiempo Washington impuso sobre funcionarios de Managua, muchos de ellos estrechamente vinculados a la expulsión de los opositores el pasado 9 de febrero o a la persecución al interior del país de las voces disidentes.
Por otro lado, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de la Casa Blanca, Brian Nichols, se refirió a la reciente decisión de Ortega de brindar asilo político al ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que -apuntó- vulnera el Estado de Derecho y priva a la Justicia de un correcto accionar.
“Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas. La concesión de asilo por parte de Ortega-Murillo al ex Presidente panameño en Nicaragua es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la Justicia”, denunció.
Este miércoles, el mandatario durante el período 2009-2014 y aspirante a la reelección en Panamá solicitó asilo en la Embajada de la República de Nicaragua en el país tras ser condenado a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales.
Según sostuvo Martinelli, la solicitud se realizó “por considerarse perseguido por razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad” mientras una fuente cercana a él sumó que en el país no hay “garantías constitucionales” ni “hay ley”. Asimismo, el ex mandatario había dicho previamente que las “fuerzas del mal” buscan inhabilitarlo par los comicios generales del próximo 5 de mayo, en las que aspiraba a un nuevo mandato al frente del país.
