La Corte de Constitucionalidad de Guatemala otorgó un amparo provisional a diez ciudadanos que expresaron su preocupación sobre el proceso de transición rumbo a la asunción de Bernardo Arévalo como presidente en 2024.
El tribunal ordenó al actual presidente, Alejandro Giammattei, al Tribunal Supremo Electoral, al Ministerio Público y Órgano Judicial que, en el ejercicio de sus deberes y atribuciones, protejan el sistema democrático y el principio de alternabilidad, según informó el tribunal este sábado en un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
Los magistrados ordenan, además, que la toma de posesión de Bernardo Arévalo, prevista para el 14 de enero de 2024, se lleve a cabo en la fecha contemplada “con base en los resultados electorales (hasta hoy) validados por el Tribunal Supremo Electoral”, según lo expresado en el documento.
Quienes impusieron el recurso legal expresaron que advierten una amenaza de que no se respete la voluntad popular expresada en las urnas, a raíz de distintos acontecimientos emanados por la justicia penal.
El Ministerio Público ha allanado con autorización judicial las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral en cuatro oportunidades como parte de una investigación por presuntas irregularidades en el proceso electoral de 2023. La acción más reciente ocurrió el 30 de septiembre cuando se sacaron, entre empujones, las cajas con las actas de la primera vuelta, que se realizó el pasado 25 de junio.
A raíz de esa situación, desde este lunes sectores indígenas y campesinos agrupados en 48 Cantones de Totonicapán, estudiantes y la sociedad civil protestaron para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y otros funcionarios.
Este sábado se cumplen seis días de bloqueos en carreteras y de una concentración frente a la sede del Ministerio Púbico.
La Corte de Constitucionalidad ha ordenado al gobierno asegurar el derecho a la manifestación pacífica, pero al mismo tiempo garantizar el derecho de los ciudadanos a la movilización, incluso con el uso de la fuerza, como último recurso.
Por pedido del presidente Giammattei, la Organización de los Estados Americanos (OEA) será mediadora en este conflicto, informó el secretario general de esa instancia, Luis Almagro, a través de un mensaje en su cuenta de X.
