Hace apenas dos meses, las noticias sobre la sequía en Uruguay eran alarmantes. Las reservas de agua dulce eran escasas y la que salía de los grifos en los hogares de Montevideo y sus alrededores era salada. El gobierno de Luis Lacalle Pou advertía que el país estaba a pocos días de quedarse sin agua potable y apuraba obras paliativas para atravesar la peor etapa del déficit hídrico. Una empresa chilena presentó un modelo de “siembra de nubes” para incrementar las lluvias, Argentina ofreció un buque con cisterna para paliar la crisis y Lacalle Pou y Alberto Fernández tuvieron un cruce público por este tema.
Esas noticias parecen haber quedado atrás cuando la lluvia retomó sus valores habituales en los meses siguientes, que permitió que las reservas llegaran a sus niveles normales y que el gobierno derogara la emergencia hídrica que había decretado.
Lo que llovió en agosto representó una vez y media más de lo esperado para todo el mes y los volúmenes registrados no se veían desde comienzos del 2020. La buena noticia que representó el fin de la crisis hídrica tiene una contracara crítica: la posibilidad de inundaciones. “Es un riesgo importante que vamos a tener en estos próximos meses, a partir de septiembre, por la influencia de la fase cálida de El Niño. El mes de octubre tal vez sea el más crítico en cuanto a los eventos de inundación localizada”, advirtió en agosto el meteorólogo Mario Bidegain.
En septiembre ya se registraron inundaciones en Uruguay y hubo evacuados. El departamento de Cerro Largo (al norte del país, en la frontera con Brasil) la semana pasada sufrió las consecuencias de lluvias y tormentas. Unas 370 casas de la capital, Melo, y otras 60 de la ciudad de Río Branco fueron afectadas por el fenómeno climático, informó a La Diaria el intendente José Yurrumendi. Tras las lluvias y tormentas de la semana pasada, unas 200 familias fueron evacuadas.
