El expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, ha sido condenado este miércoles a ocho años de prisión por la justicia guatemalteca, que determinó que se enriqueció durante su mandato gracias a la formación de una sofisticada red de contrabando en las aduanas del país centroamericano. Pérez Molina se ha declarado culpable de los cargos que le fueron imputados, entre ellos lavado de dinero, cohecho pasivo y fraude. “Acepto la responsabilidad porque debía estar enterado de las irregularidades”, ha afirmado.
La jueza Eva Recinos, titular del Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco, ha leído la sentencia contra el exmandatario, que ya ha sido criticada, porque la fiscalía había solicitado una pena de 22 años de prisión. Al declararse culpable, además, Pérez Molina logró una reducción de su pena, algo contemplado en el sistema penal guatemalteco.
Al exmandatario se le acusa de haberse enriquecido durante su Gobierno (2012-2015) gracias a la formación de una sofisticada red de contrabando en las aduanas del país. El caso es conocido como La Línea y fue destapado por la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2015. Junto al general retirado también es procesada la exvicepresidenta Roxana Badeltti. Las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad iniciaron en mayo de 2014, tras recibir denuncias de que varios grupos de importadores eran privilegiados con trato especial por parte de funcionarios de las aduanas, que permitían ingresar los productos burlando al fisco. La Cicig acusó en 2015 Pérez Molina de dirigir la estructura criminal y de recibir hasta 63 millones de dólares en coimas. El destape generó tal indignación entre la población, que desató la llamada Revolución de la Dignidad. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre de 2015 y un día después un juez local ordenó prisión preventiva en su contra.
