El Ejército de Nicaragua se apoderó de dos terrenos que el régimen de Daniel Ortega le decomisó a dos cámaras empresariales, según informó el medio digital nicaragüense Confidencial.
Las propiedades pertenecían a la Cámara de Comercio y Servicios y a la Cámara de Industrias, que fueron disueltas el pasado 6 de marzo por órdenes de la dictadura, a través del Ministerio de Gobernación.
Los dos terrenos son usados como estacionamiento por empleados y funcionarios del Hospital Escuela “Alejandro Dávila Bolaños”, que pertenece al Ejército de Nicaragua, explicó Confidencial, que dirige el periodista nicaragüense desterrado Carlos Fernando Chamorro.
Los dos terrenos colindan con el Hospital Militar, “uno de los negocios más lucrativos del Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), que es el brazo empresarial de las Fuerzas Armadas”, reseñó este medio, cuyo edificio, donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos “Esta Semana” y “Esta Noche”, fueron confiscados por el régimen y ahora despachan desde Costa Rica.
En el caso de los edificios de las dos cámaras empresariales, donde funcionaban sus oficinas, permanecen cerrados y el Ejército solo ocupa los estacionamientos privados.
El traspaso de esos terrenos a favor del Ejército de Nicaragua no ha sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Tanto la Cámara de Comercio y Servicios y la Cámara de Industrias fueron disueltas el pasado 6 de marzo junto al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que era la principal cúpula patronal de Nicaragua, y otras 16 cámaras empresariales, entre ellas la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), a la que pertenecen las empresas que extraen y venden oro, el principal producto de exportación.
Según el Ministerio de Gobernación, esas cámaras que estaban inscritas como organizaciones no gubernamentales (ONG), no completaron el proceso de convalidación de registro o presentaron inconsistencias en la información.
Entre otros, mencionaron supuestas variaciones en cuentas sin justificar, diferencias de saldos sin soportes en cuentas, y que no reportaron detalle de ingresos y gastos, ni los estados financieros del período fiscal 2022.
El Ministerio de Gobernación ordenó traspasar sus bienes al Estado y congelar las cuentas bancarias de las cámaras empresariales.
