La cantidad de personas que viven en la calle en Montevideo aumentó un 24% en 2023 con respecto a 2021, según las cifras del último censo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de Uruguay. Hace dos años había 2.215 personas en esta situación y ese número sumó 540, según los datos preliminares del estudio que publicó El País.
De ese total, 1.385 personas viven en refugios de la secretaría de Estado y otras 1.360 quedan a la intemperie, de acuerdo a las cifras.
El ministro de Desarrollo Social del gobierno uruguayo, Martín Lema, dijo en una comparecencia a la sede del Congreso que “se mantiene la tendencia al alza” pese a que hubo un “récord” en las plazas disponibles en los refugios.
Otro de los datos que aporta el censo refiere al consumo de las personas. El 91% de los censados indicó que tiene problemas de adicciones. La “maldita droga” es una de las causas principales de que más personas vivan en la calle, según el análisis que hacen en el ministerio.
Para Lema, entonces, una alternativa que permitiría reducir el número sería que se habilite la “internación involuntaria” de adictos que viven en la calle, para lo que ya presentó un proyecto de ley.
“Cuando una persona en situación de calle se niega a recibir ayuda, tenemos dos opciones: o mirar para el costado o atenderla contra su voluntad”, dijo el ministro en declaraciones consignadas en El País.
La propuesta de Lema consiste en modificar una ley sobre la atención obligatoria a personas que viven en la calle que contempla los casos de adicción y problemas de salud mental. Con el cambio, se podría hospitalizar de manera involuntaria a quienes vivan en ese contexto. De esta manera, las personas que a cualquier edad que estén a la intemperie, con riesgo de enfermedades graves o muertes, podrán ser llevadas a un refugio, aunque no presten su consentimiento.
“Nos dicen que hay gente que no está en los refugios, pero cuando queremos realizar acciones para lograr que vayan a lugares a ser atendidos, no levantan la mano”, dijo, cuestionando a legisladores del Frente Amplio que no quisieron votar el proyecto de ley que habilitaba esa opción. Su propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, sin los votos de la oposición.
Para implementar el plan de la “internación voluntaria”, el Mides firmó un convenio con la organización Madres del Cerro, que es un colectivo de familiares de adictos. La intención de las autoridades es que, desde la experiencia, el grupo ayude a captar y convencer a personas que viven en la calle y tienen problemas de consumo a ir a comunidades terapéuticas.
Según las cifras del ministerio, en un mes el colectivo logró que más de 100 consumidores accedieran a realizar un tratamiento.
Otro de los cometidos del convenio con Madres del Cerro es el de ayudar a regularizar los centros privados que surjan con el fin de atender las adicciones.
Madres del Cerro trabaja con un psicólogo, dos trabajadores sociales y dos operadores terapéuticos. El grupo en un comienzo era solo barrial, pero ahora reúne a más de 18.000 personas.
Este martes, el ministro Lema fue a la Comisión de Salud Pública del Senado para pedirles que aprueben el proyecto de ley. “Entendemos que la persona que está arriba de un cartón pasando frío no está en plena libertad de decidir. Hay personas que en la misma jornada transcurren determinados episodios y se niegan a ir a un centro de salud. Creemos que en esos casos hay que intervenir”, insistió el jerarca.
Como en Diputados, el Frente Amplio tampoco votará a favor en el Senado, informó La Diaria. Los legisladores de la oposición lo consideran “innecesario” porque ya existen herramientas para atender estas situaciones, pero lo que faltan son “recursos y políticas públicas”.
