El régimen nicaragüense de Daniel Ortega canceló este viernes otras dos universidades privadas y ordenó decomisar sus bienes, con lo que ya suman 26 las instituciones ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero.
Los nuevos centros de estudios afectados son la Asociación Universidad Evangélica Nicaragüense Martín Luther King Jr (UENIC) y la Asociación Universidad de Occidente (UDO), según lo establece un acuerdo del Ministerio de Gobernación, publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
Según el ministerio de Gobernación, controlado por la dictadura, la decisión se efectuó a petición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA).
De acuerdo con dicha resolución, en el caso de la UENIC, que operaba desde 1998, esta emitía documentos institucionales con logotipos pertenecientes al CNU y el CNEA, sin autorización.
También señala que su sede y sucursales, así como algunas de sus ofertas académicas, no estaban autorizadas por el CNU y el CNEA.
Los funcionarios del régimen justificaron su accionar asegurando que la UENIC no posee la estructura básica para funcionar como universidad autorizada por el CNU ni el control de la planta docente, no lleva registro académico de sus estudiantes ni registro de sus docentes, al tiempo que los pagos para titulación “tienen precios exhuberantes”, que no están especificados en el documento.
En el caso de la UDO, que también operaba desde 1998, se explica que imparte carreras no autorizadas por el CNU en sus tres sedes: León, Managua y Estelí, y que no cuenta con los mínimos de calidad ante el CNEA, presentando además deficiencias académicas en sus asignaturas, números de docentes y estructura de funcionamiento.
También ofertaron una maestría de Educación Superior a estudiantes de otra nacionalidad sin estar autorizadas por el CNU, así como títulos de carreras no autorizadas por el CNU y el CNEA.
A esto se suma, según la resolución, que disponen de una sede en el municipio de Nueva Guinea (Caribe sur), que no fue reportada ante el CNU y el CNEA, y además crearon Centros de Estudios Superiores sin ser autorizados por el CNU.
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Asimismo, informó que el CNU procederá a reubicar a los estudiantes matriculados actualmente en el territorio nicaragüense en universidades que se encuentren acreditadas en el país.
En lo referido al destino de los bienes muebles e inmuebles de los centros de estudios, ordenó a la Procuraduría General de la República traspasarlos a nombre del Estado de Nicaragua.
La Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría sandinista, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores por petición del Ejecutivo desde diciembre de 2021.
Los otros 12 centros de estudios han sido disueltos por el Ministerio de Gobernación.
En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.
