Si se insiste en la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria tal como la presentó el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional podría traer una caída económica, según algunos sectores.
De acuerdo con el sector empresarial, el Congreso Nacional es el garante de la atracción de la Inversión Económica Directa (IED) a través de las leyes, por Ley de Justicia Tributaria se han detenido 600 millones de dólares en IED, además se han dado cientos de despidos laborales en maquilas y existe la falta de divisas.
No obstante, desde el gobierno central aseguran que Honduras requiere cambios profundos y estructurales para revertir la pobreza y desigualdad promovida por el modelo económico vigente.
Para ello el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro pretende con esta ley cimentar las bases para construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan, eliminar los abusos existentes en los regímenes de exoneraciones fiscales existentes y crear dos nuevos regímenes que beneficiarán a todos el país.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) rechazan posturas políticas que no son técnicas, advierten de una caída en la competitividad, reclaman que no habrá libertad de empresa y que esta ley no genera seguridad jurídica.
