La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció su decisión autorizando a la Fiscalía de la CPI a volver a llevar a cabo su investigación sobre la situación en Venezuela, donde se acusa al gobierno de Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad, informó ese tribunal este martes en un comunicado dado a conocer por sus canales oficiales.
Dicha sala, la cual es integrada por los jueces Péter Kovács, Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou y María del Socorro Flores Liera, consideraron la solicitud de la Fiscalía de la CPI, en el cual manifiestan observaciones de las autoridades venezolanas competentes, y 1.875 presentaciones de opiniones e inquietudes transmitidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las víctimas.
La CPI señala que el enfoque de las investigaciones internas “parece estar generalmente en perpetradores directos y/o de menor nivel” considerando que se han “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable “tomado medidas de investigación limitadas y que, en muchos casos, parece haber periodos de inactividad investigativa inexplicable”, dice en el comunicado en que anuncian la reapertura del caso contra Venezuela.
De igual manera, la corte señala el régimen de Nicolás Maduro “está tomando algunas medidas de investigación, sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía. La Sala extrajo su conclusión de las observaciones y el material que se le presentó”, dice el comunicado presentado por las autoridades.
Dentro de lo comunicado por el tribunal, señala que han notado una especial lentitud en los casos ligados a la persecución política a la oposición y las denuncias de naturaleza sexual, considerando que “sus procesos penales internos no reflejan suficientemente el alcance de la investigación”.
Sin embargo, los magistrados destacaron que esta conclusión “no obstaculiza” la posibilidad de que Caracas pueda presentar en el futuro pruebas que establezcan la “imposibilidad de admisión con base en la complementariedad”. Es decir, demostrar que el sistema judicial venezolano está investigando adecuadamente todas las denuncias de crímenes de lesa humanidad planteadas por las víctimas y que la investigación del fiscal de la CPI no es requerida.
Junto a los argumentos presentados por el fiscal para retomar la investigación y las objeciones planteadas por las autoridades venezolanas en oposición a la reanudación del caso, los jueces han considerado cuidadosamente alrededor de 1.875 aportaciones que expresan opiniones e inquietudes compartidas a través de la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas.
Es de recordar que, en el año 2000, Venezuela confirmó su adhesión al Estatuto de Roma, el tratado primordial de la CPI. Posteriormente, en septiembre de 2018, la oficina del fiscal de la Corte recibió una remisión proveniente de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. En dicha remisión, se denuncian supuestas atrocidades de lesa humanidad ocurridas en Venezuela a partir del 12 de febrero de 20214.
En noviembre de 2021, la oficina del fiscal comunicó la finalización del examen preliminar basado en dicha remisión y la determinación de llevar a cabo una investigación formal. Sin embargo, esta investigación se llevará a cabo en conjunto con un memorándum de entendimiento con Caracas, con el propósito de promover medios y mecanismos que impulsen un proceso nacional en Venezuela.
No obstante, en el mes de noviembre del año pasado, el fiscal Karim Khan de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares la autorización para retomar dicha investigación debido a la insuficiente actuación por parte de Caracas en el caso. Desde entonces, tanto Caracas como el fiscal han presentado sus correspondientes respuestas ante la Sala, en un proceso en el cual Venezuela acusó a Khan de “utilizar” la justicia “con motivos políticos”.
Mientras tanto, Venezuela sostiene que las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la represión de las manifestaciones antigubernamentales de 2017, que causaron un centenar de muertos, deben dirimirse en el marco de su propio sistema judicial y no bajo la intromisión de la Corte Penal Internacional, a la cual el régimen ha criticado en varias ocasiones.
