Los 50 consejeros que escribirán la nueva constitución de Chile, en su mayoría de derecha, se instalaron el miércoles para iniciar la redacción del texto que reemplazará a la carta magna vigente desde la dictadura militar.
El actual es el segundo proceso constitucional que vive el país en nueve meses. El primero concluyó en septiembre con un contundente rechazo del electorado a un proyecto escrito por una convención izquierdista.
La Comisión Constitucional, que funciona en la antigua sede del exCongreso en la capital chilena, trabajará hasta el 7 de noviembre cuando entregará un texto que será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre.
Mientras se desarrollaba el acto de instalación de los redactores de una nueva constitución, en las cercanías del exCongreso se concentraron pequeños grupos de manifestantes. Uno de ellos, transmitía por altoparlante proclamas de los militares que derrocaron al presidente Salvador Allende, con las que exigían su renuncia y amenazaban en su época a la prensa oficialista.
A la ceremonia asistieron lideres de los tres poderes, incluido el presidente Gabriel Boric, quien durante una breve intervención dijo que esperaba que “las distintas partes sean capaces de ceder lo que sea necesario” y escribir una constitución “donde quepan todos”.
El órgano redactor estará dominado por el ultraderechista Partido Republicano que ganó 22 de los 50 escaños del consejo. Esa fuerza obtuvo, además, el poder de veto del texto.
La derecha tradicional obtuvo 11 escaños, mientras que la izquierda más cercana a Boric logró 16. Además hay un consejero indígena.
El consejero de mayor edad, el socialista Miguel Littin, un cineasta de 80 años, lideró provisoriamente la ceremonia y exhortó a sus colegas a trabajar “lejos de sectarismos y de odios” y luego tomó juramento a cada uno de los redactores.
A diferencia del proceso anterior, en el actual predomina la ultraderecha. Si logra sumar fuerzas con la derecha tradicional tendrían los anhelados tres quintos de los votos que les permitirían incorporar, rechazar o modificar normas, ante una minoría oficialista.
Tras elegir a su directiva el órgano redactor recibió un anteproyecto constitucional elaborado por un Consejo de Expertos con 12 bases constitucionales, entre ellas que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que existe separación de poderes y que reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación.
El trabajo de los expertos ha sido valorado transversalmente porque logró aunar ideas que van desde el Partido Comunista al Partido Republicano.
Los cinco derechos sociales incluidos en el anteproyecto -a la salud, educación, seguridad social, vivienda y agua- fueron aprobados por unanimidad.
Sin embargo, las grandes diferencias surgieron en torno al derecho a la vida.
Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, dijo que hay materias del anteproyecto que “no están bien abordadas” y que “hay que corregir”.
Si el texto es aprobado en el referendo popular de diciembre, será promulgado por Boric y entrará en vigor con su publicación en la gaceta oficial. Ese mismo día la carta magna vigente desde hace 42 años quedará derogada.
Si se rechaza, seguirá vigente la actual y un posible tercer proceso debería ser aprobado por el Congreso, aunque el mandatario señaló que ante una eventual desaprobación durante su gobierno no iniciará otro intento.
