El apoderado legal de 15 familias del sector de Las Crucitas, El Picacho, Francisco Morazán, llegó hasta donde sus clientes y manifestó que el Instituto de la Propiedad (IP) cometió un error.
“El IP cometió un error, pero lo corrigió ayer. No procede un desalojo y no se va a permitir”, dijo el experto en derecho que defiende a 15 familias que probablemente hoy serían desalojados.
Los pobladores de este sector protestan en la calle y se niegan a abandonar sus propiedades, pero los agentes de la Policía Nacional solo están esperando la determinación del juez ejecutor de este desalojo.
Según las manifestantes, un ciudadano de nombre Rony Carbajal llegó hasta sus casas y les amenazó que los desalojaría de sus viviendas con todos sus enceres.
“No entendemos porque nos quieren desalojar, si nosotros tenemos las escrituras legalmente, pero la señora juez está queriendo hacer todo lo ilegal”, dijo una de las protestantes.
Estas familias viven en esta localidad desde 1978, pero hoy su vidas, viviendas y propiedades están en riesgo de ser supuestamente perdidas.
“No le hacemos ningún daño a nadie, solo estamos aquí para exigir justicia”, dijo una de las afectadas con su titulo de propiedad legal en mano.
