La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria se basa en la creación de un sistema equitativo y transparente en materia fiscal, pero bajo la óptica del sector privado el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo puede causar más perjuicios que utilidades a Honduras.
Todos los beneficios fiscales, ya sean exoneraciones, exenciones, incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones hasta liberaciones tributarias o aduaneras contenidas en la Ley de Zonas Libres (Zoli), Ley del Régimen de Importación Temporal (RIT), Ley de Fomento Agropecuario y la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables quedarían eliminados. También abarca para la Ley de Fomento a los Centros de Atención de Llamadas y Tercerización de Servicios Empresariales, Ley de Promoción y Fortalecimiento del Mercado de la Industria Eléctrica, así como la Ley de Fomento al Turismo.
“Los obligados tributarios que están liberados de forma total o parcial del pago de la obligación tributaria continuarán gozando hasta su finalización de los beneficios de exoneración otorgado conforme a la ley que le dio origen”, subraya el artículo 14 del nuevo instrumento jurídico.
Añade una excepción que cuando la Secretaría de Finanzas (Sefin) “cancele estos beneficios de conformidad con los casos y los efectos establecidos en el Código Tributario”. Si bien explícitamente no plantea la supresión de ningún régimen, en otra de las disposiciones se especifica que “las nuevas inversiones se podrán adherir al Régimen de Incentivos para el Desarrollo (Rinde) al igual que al Régimen de Zonas Francas creados a través del presente decreto”.
En los próximos días, la iniciativa se discutiría con otros sectores, previo a ser remitido al Congreso Nacional.
Para aumentar la rentabilidad de las inversiones surgirá el régimen Rinde, gestionado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y las personas jurídicas que se acojan gozarán de sus beneficios en deducciones para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR), Aportación Solidaria, Activo Neto y ganancias de capital durante cinco períodos fiscales una vez que inicie sus operaciones mercantiles.
Mientras que el régimen de Zonas Francas va a estar dirigido por la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas) para fomentar la Inversión Extranjera Directa (IED), promover las exportaciones, aumentar la competitividad del país y generar empleo hasta obtener una mayor generación de divisas.
Un plazo de cinco años prorrogables por igual término gozará de los beneficios tributarios y aduaneros aquellas empresas que operen en estas áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas, sin población residente y que estarán sujetas a un especial control aduanero.
