Perú se encuentra atravesando uno de los momentos más violentos en décadas tras la destitución del expresidente Pedro Castillo, donde en medio de las fervientes protestas a nivel nacional, sus autoridades han decidido ampliar el estado de emergencia que se encuentra activo en el país.
En diciembre pasado el gobierno de la presidenta Dina Boluarte impuso el estado de emergencia debido al intento de golpe de Estado perpetuado por Castillo.
Durante el pasado fin de semana, se informó que se prorrogaría por 30 días el estado de emergencia en la capital, Lima, y en las regiones de Cusco, Puno y la provincia constitucional de Callao.
Es importante decir que, dentro del estado de emergencia se suspenden varios derechos constitucionales, como la libertad de circulación y de reunión.
Hasta la fecha, decenas de personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, ante esto, grupos de derechos humanos aseguran que las autoridades ejercieron un uso excesivo de la fuerza contra las protestas, el cual incluyó armas de fuego.
Por su parte, el Ejército ha afirmado en diferentes ocasiones que los manifestantes han utilizado explosivos y armas improvisadas,
Además, es importante decir que, en enero, la fiscalía general de Perú abrió una investigación sobre la gestión de los disturbios por parte de Boluarte, y varios de sus ministros han dimitido debido a la controversia.
