El presidente de EE.UU., Joe Biden, se dirige a la frontera entre EEUU y México este domingo luego de importantes anuncios políticos y tras los incesantes llamados de los republicanos que creen que el viaje debió ocurrir antes.
El viaje a la frontera — el primero de Biden desde que asumió el cargo — se produce mientras la administración lucha con un número creciente de inmigrantes, abrumando los recursos federales y locales. Los republicanos, algunos demócratas del distrito fronterizo en el Congreso e incluso los alcaldes demócratas han criticado a Biden por no abordar los niveles récord de cruces fronterizos.
Con su visita a El Paso, Texas, este domingo, Biden aprovechará un tema que ha sido una responsabilidad política para su administración, al tiempo que pide al Congreso que revise el sistema de inmigración de EE.UU. para satisfacer las necesidades actuales.
Pero el mosaico de políticas implementadas por el gobierno para administrar la frontera hasta ahora ha puesto a Biden a menudo en desacuerdo con sus propios aliados que argumentan que el enfoque de la administración es demasiado estricto.
“Es indignante y triste ver que una administración demócrata dificulta que las personas vulnerables busquen asilo porque tienen miedo de los votantes enojados de MAGA sobre este tema”, dijo a CNN un miembro del Caucus Hispano del Congreso, en respuesta a los últimos anuncios de políticas.
En una vista previa del viaje, un funcionario de la Casa Blanca dijo que el presidente “se reunirá con funcionarios federales, estatales y locales y líderes comunitarios que han sido socios fundamentales en la gestión del nuevo desafío migratorio que afecta a todo el hemisferio occidental con un número récord de personas que huyen de la opresión política y violencia de pandillas en Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba”. El presidente tiene previsto pasar unas tres horas en el terreno.
Biden evaluará las operaciones de control fronterizo, recorriendo el Puerto de Entrada del Puente de las Américas junto con funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza, miembros del Congreso y funcionarios locales y encargados de hacer cumplir la ley.
La Casa Blanca indicó que es el puerto más activo de El Paso y recibió US$ 600 millones en virtud de la ley de infraestructura bipartidista.
Luego, Biden visitará el Centro de Servicios para Migrantes del Condado de El Paso para reunirse con funcionarios locales, líderes religiosos y organizaciones no gubernamentales “que han sido fundamentales para apoyar a los migrantes que huyen de la opresión política y el colapso económico en sus países de origen”.
El funcionario dijo que el presidente también pasará tiempo con líderes empresariales locales para escuchar sobre el impacto económico de la migración en la región y la escasez de trabajadores.
Se unirán al presidente el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas; los representantes de Texas Verónica Escobar, Henry Cuéllar y Vicente González, todos demócratas; el alcalde de El Paso, Oscar Leeser; el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego; y líderes comunitarios y comerciales adicionales.
El movimiento en todo el hemisferio occidental ha planteado un desafío urgente para Biden, quien en sus primeros meses en el cargo enfrentó una oleada de niños migrantes no acompañados en la frontera y, más tarde, la llegada abrupta de miles de migrantes haitianos.
Desde 2021, ha habido más de 2,4 millones de arrestos a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Eso incluye a las personas que han intentado cruzar más de una vez. Muchos también han sido rechazados bajo una restricción del gobierno Trump conocida como Título 42 que permite a las autoridades federales expulsar a los migrantes rápidamente, citando la pandemia del covid-19.
La llegada de miles de migrantes ha puesto a prueba a las comunidades fronterizas, incluido El Paso. Recientemente, la ciudad comenzó a ver niveles récord de llegadas de inmigrantes a partir de hace unas semanas, cuando la ansiedad por el fin programado del Título 42 llevó a miles de inmigrantes a entregarse a las autoridades fronterizas o cruzar ilegalmente a Estados Unidos en un período muy corto. La política estaba programada para levantarse el mes pasado, pero un fallo de la Corte Suprema mantuvo la norma vigente mientras se resuelven los recursos legales en los tribunales.
Biden dijo que quería esperar hasta conocer el resultado de las maquinaciones legales del Título 42 antes de viajar a la frontera y acusó a los republicanos que le pedían que viajara allí de apelar a juegos políticos.
“No se han tomado en serio esto en absoluto”, dijo.
Escobar, quien representa a El Paso, dijo en un tuit que está “emocionada” de dar la bienvenida a Biden a la ciudad. Si bien no puso mucho énfasis en que Biden visitara la frontera, dejó en claro que le dio la bienvenida en las últimas semanas e instó al gobierno federal a brindar asistencia a la ciudad.
John Kirby, el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que el presidente espera ver de primera mano la situación en la frontera antes de la Cumbre de Líderes de Norteamérica en la Ciudad de México.
“El presidente tiene muchas ganas de ver por sí mismo cómo es la situación de la seguridad fronteriza, particularmente en El Paso. También está muy interesado en hablar con los agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza en el terreno que están realmente involucrados en esta misión para obtener sus perspectivas de primera mano”, dijo Kirby a los periodistas este viernes.
Antes de la visita de Biden a la frontera, el gobierno también anunció planes para expandir la política e incluir a haitianos, nicaragüenses y cubanos mientras permanezca vigente. Hasta ahora, el Título 42 se ha aplicado en gran medida a los migrantes de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela.
Los anuncios que hizo Biden el jueves reflejan el esfuerzo de la administración para prepararse para el fin del Título 42, junto con la implementación de programas para gestionar el aumento de inmigrantes.
La administración ahora aceptará hasta 30.000 migrantes por mes de Nicaragua, Cuba, Haití y Venezuela bajo un programa de libertad condicional humanitaria dirigido a esas nacionalidades. Aquellos que no vengan a Estados Unidos bajo ese programa pueden ser expulsados a México bajo el Título 42.
El anuncio generó críticas de defensores de inmigrantes y demócratas que argumentaron que las políticas pondrán en peligro a los inmigrantes que buscan asilo.
