El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) continúa haciendo cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración y salud pública en la frontera. Las personas y familias que intentan ingresar sin autorización están siendo expulsadas, según lo exige la orden judicial en virtud de la autoridad de salud pública del Título 42, o se les coloca en procedimientos de deportación. Dado que las temperaturas siguen siendo peligrosamente bajas a lo largo de la frontera, nadie debe poner su vida en manos de los contrabandistas, o arriesgar su vida e integridad física intentando cruzar solo para ser devuelto.
Independientemente de la nacionalidad, cualquier persona que intente ingresar sin autorización está sujeta a expulsión según el Título 42. Aquellos que no puedan ser expulsados de conformidad con el Título 42 pueden ser colocados en expulsión acelerada y cualquier persona a la que se ordene su expulsión estará sujeta a una prohibición de entrada durante 5 años según el Título 8. Los venezolanos que intentan ingresar a los Estados Unidos entre los puertos de entrada también continúan siendo devueltos a México, y se les excluirá del Proceso de Ejecución de Migración de Venezuela anunciado en octubre.
DHS continúa liderando toda una estrategia gubernamental para asegurar las fronteras y construir procesos de inmigración seguros, ordenados y humanos. Hay 23,000 agentes y oficiales trabajando para asegurar la frontera suroeste y el gobierno de los Estados Unidos continúa trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios en México para reforzar las operaciones de cumplimiento coordinadas para atacar a las organizaciones de tráfico de personas y llevarlas ante la justicia. Esa colaboración incluye puntos de control de migración, recursos y personal adicionales, objetivos conjuntos de organizaciones de contrabando de personas y mayor intercambio de información relacionada con nodos de tránsito, hoteles, escondites y lugares de preparación.
