Las excepciones y nulidades planteadas por la defensa de las 14 personas acusadas por supuestos actos de corrupción a lo interno del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron declaradas “Sin Lugar” por el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción.
Con la resolución lograda por la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), avanza el proceso de cara al juicio oral y público contra Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertety Osorio considerados supuestos responsable a títulos de autores de 14 delitos de violación de los deberes de los funcionarios y un delito de lavado de activos.
Asimismo, contra Luis Alejandro Joya Fajardo por 12 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, 12 delitos de fraude y un delito de lavado de activos; Carlos Montes Rodríguez y Javier Rodolfo Pastor Vásquez por dos delitos de fraude y un delito de lavado de activos; Wilmer Rolando Polanco por 14 delitos de violación de los deberes de los funcionarios y 14 delitos de fraude a título de cooperador necesario; Claudia Marisol Lazo Polanco y Aldo José Sevilla Cerrato por un delito de violación de los deberes de los funcionarios y un delito de fraude a título de cooperadores necesarios.
En el caso contra Oscar Guerra Ocampo como cooperador necesario de seis delitos de fraude y un delito de lavado de activos; Alex Idilio Reyes Serrano a título de cooperador necesario en tres delitos de fraude y un delito de lavado de activos; Rubén Antonio Lozano y Bairon Eduardo Menjívar Fuentes como cooperadores necesarios en un delito de fraude y un delito de lavado de activos; Francisco Javier Pineda Peña por dos delitos de fraude a título de cooperador necesario y Jack Jordán Bodden Álvarez por un delito de lavado de activos.
Entre las excepciones que fueron rechazadas a las defensas privadas de los encausados, figuran una por la prescripción de la acción penal al delito de lavado de activos en base al Decreto Legislativo 93-2021 que reforma algunos artículos a la Ley Contra el Lavado de Activos, así como por la extinción de la acción penal a favor de los empresarios acusados por el delito de fraude al erróneamente estimar que contra ellos no procedían dichos cargos por no ser funcionarios públicos.
Los apoderados legales también plantearon la nulidad de actuaciones a partir del auto de apertura a juicio alegando violaciones al debido proceso, sin embargo, eso se descartó y la petición fue rechazada.
Respecto al caso denominado “14 contratos”, la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), desentrañaron un megafraude de más de 158 millones de lempiras en el
IHSS, por obras no ejecutadas o a medio ejecutar entre los años 2010 y 2013 en el hospital regional del Norte y clínicas periféricas en la colonia Calpules en San Pedro Sula y en Torocagua en Comayagüela, pactadas con al menos seis empresas sampedranas, las cuales fueron sobrevaloradas en un 52 por ciento, equivalente a casi 83 millones de lempiras.
Por ello, en coordinación con la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), el 26 de agosto de 2021, en el marco de la Operación Omega VIII, se procedió al aseguramiento de 43 bienes considerados de origen ilícito, de ellos 13 eran viviendas (12 en San Pedro Sula y Choloma y una en Tegucigalpa), 10 vehículos y 20 sociedades mercantiles, propiedad de los exfuncionarios y empresarios imputados.
