El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de otras 100 organizaciones no gubernamentales (ONG), con lo que sumarían 958 las que han sido disueltas tras la revuelta popular de abril de 2018 calificada como intento de golpe por el presidente Daniel Ortega, informó este domingo el Poder Legislativo.
La ilegalización de estas ONG fue realizada a petición del Ejecutivo a través del Ministerio de Gobernación y fue presentada ante la Asamblea Nacional por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez.
Rodríguez, promotor de la iniciativa, sostuvo que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega en las manifestaciones, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controversiales reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684. El gobierno reconoce 200.
