El opositor Congreso de Ecuador negó ayer un pedido de destitución del presidente derechista Guillermo Lasso, quien afronta una crisis política por protestas indígenas desde hace más de dos semanas debido al alto costo de vida.
La moción reunió 80 de los 92 votos necesarios para cesar del cargo a Lasso, según los resultados proclamados por el secretario del Parlamento, Álvaro Salazar, en una sesión virtual transmitida por redes sociales.
“Defendimos la democracia y ahora debemos recuperar la paz”, dijo tras la votación Lasso. “Pese a los intentos golpistas, hoy prevaleció la institucionalidad del país. Queda en evidencia quiénes trabajan para las mafias políticas. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando por el Ecuador”, agregó el mandatario por Twitter.
El proceso contra Lasso
De los 137 miembros de la Asamblea Nacional, 42 votaron en contra y once se abstuvieron de sufragar. El oficialismo cuenta con apenas 13 curules.
El bloque opositor Unión por la Esperanza (UNES) -el principal del Legislativo con 47 escaños y afín al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017)- propuso la destitución de Lasso por la causal constitucional de “grave crisis política y conmoción interna”.
Todos los asambleístas participaron en la votación mediante la sesión virtual que se instaló el 25 de junio, en medio de manifestaciones del movimiento indígena en contra del Gobierno de Lasso, que se inició hace 13 meses y denuncia intentos golpistas.
De haberse aprobado la destitución del exbanquero conservador, de 66 años, el poder debía asumirlo inmediatamente su vicepresidente Alfredo Borrero, quien tiene la misma edad. La Carta Magna también establece para ese caso que hasta siete días después de la publicación de la resolución en el Diario Oficial se convocará a elecciones presidenciales y legislativas para el resto del período, hasta 2025.
Lasso afronta una crisis política a causa de protestas por tiempo indefinido que impulsa desde el 13 de junio la opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), que participó en las revueltas que derrocaron a tres gobernantes entre 1997 y 2005. Las protestas dejan en total seis personas muertas (incluidas cinco manifestantes), más de 600 heridas (entre agentes y civiles) y unas 150 detenidas, según diversas fuentes.
