Las omisiones de un jefe de policía y otros agentes del orden pasaron rápidamente el centro de la investigación de la masacre escolar ocurrida esta semana en Uvalde, Texas.
La demora para confrontar al pistolero —que estuvo dentro de la escuela por más de una hora— pudiera llevar a penalizaciones, demandas e incluso cargos penales contra la policía.
El ataque que dejó 19 niños y dos maestros en un aula de cuarto grado fue el tiroteo escolar más mortífero en el país en casi una década y durante tres días la policía ofreció un cronograma confuso y ocasionalmente contradictorio, que causó furia y exasperación en la ciudadanía.
Para el viernes, las autoridades habían reconocido que estudiantes y maestros rogaron reiteradamente a los operadores del servicio de emergencias que enviaran ayuda, mientras el jefe de policía, Pete Arredondo, le pedía a más de una decena de agentes que esperaran en un pasillo en la escuela primaria Robb. Las autoridades insisten en que él creía que el atacante estaba parapetado dentro de aulas adyacentes y que no era más una amenaza potencial que pudiera seguir disparando.
La decisión del jefe Arredondo —y la aparente disposición de los agentes a seguir sus directrices contra los protocolos establecidos para situaciones similares— generaron interrogantes sobre si se perdieron más vidas porque los policías no intervinieron con más presteza para frenar al pistolero y sobre quién debe responder por ello.
“En estos casos, opino que la corte de la opinión pública es mucho peor que cualquier tribunal de la ley o juicio administrativo de un departamento policial”, expresó Joe Giacalone, un sargento policial retirado de la ciudad de Nueva York. “Esto ha sido manejado tan terriblemente a tantos niveles que va a haber un chivo expiatorio en alguna parte”.
Mientras el atacante disparaba contra los niños, los miembros de otras agencias del orden le pidieron al jefe de policía escolar que les permitiera entrar porque los niños estaban en peligro, dijeron dos funcionarios del orden. Ambos oficiales hablaron a condición de preservar el anonimato por no estar autorizados a discutir públicamente la investigación.
Uno de los funcionarios dijo que las grabaciones de audio en el lugar registraron cómo los agentes de otras agencias le decían al jefe policial de la escuela que el pistolero seguía activo y que la prioridad era frenarlo, pero no está claro por qué el jefe ignoró las advertencias.
