En la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de El Salvador presentó este martes un informe que expone “una descripción de las diferentes restricciones al ejercicio del periodismo” en el país en 2021, y “su comparación con el 2019 y 2020”.
El documento de la asociación concluye que en El Salvador el ejercicio periodístico es considerado de alto riesgo. También que en 2021 las agresiones y amenazas vienen de agentes del Estado, que el gobierno no ha creado mecanismo para proteger a los periodistas, que cada vez es menor el acceso a la información pública y que se ha retrocedido en materia de libertad de expresión.
Destaca que durante el Gobierno del presidente Nayib Bukele “se ha notado una campaña dirigida desde la presidencia de descalificaciones y estigmatizaciones constantes, principalmente contra periodistas independientes, medios de comunicación con líneas editoriales críticas, o medios que revelan investigaciones sobre abusos de autoridad, nepotismo, mal manejo del estado de emergencia, corrupción, entre otros temas de elevado interés público”.
Y señala que “el ambiente hostil para el trabajo de la prensa, que sería promovido en gran parte por las esferas gubernamentales,” se ha intensificado durante la pandemia de covid-19. “Las agresiones físicas, las amenazas e intimidaciones y la obstaculización de la labor informativa se tornan preocupantes”, se lee en el informe.
Desde que asumió la presidencia en junio de 2019, Bukele ha sido crítico de la prensa independiente y cataloga de activistas políticos a los periodistas durante conferencias de prensa o en sus redes sociales.
CNN solicitó comentarios sobre este informe al gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones, pero no hemos obtenido respuesta hasta ahora.
El documento recoge testimonios y documentos de numerosos periodistas. También hace un repaso de la situación de este oficio en ese país durante varios gobiernos, desde 2004 hasta el actual con Nayib Bukele. Gran parte de la información se concentra en el año 2021, recopilando lo denunciado por organismo internacionales como Human Rights Watch y el Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hace especial énfasis en la reforma a la Ley Contra Delitos Informáticos y Conexos aprobada por la Asamblea Legislativa a finales del año pasado y que incluye sanciones con penas de cárcel a acciones como obtención de información confidencial, hurto de identidad y estafa.
El trabajo se desprende del Proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la información y la democracia en El Salvador” que, según se indica, fue financiado por la Unión Europea y ejecutado por la asociación entre la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
