El próximo domingo 10 de abril se realizará la consulta de revocación de mandato en México, un referéndum que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que el electorado del país —tanto en México como en el extranjero— decida si quiere que su Gobierno continúe en el poder.
La revocación de mandato se considerará como válida si participa al menos un 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Para el 18 de marzo, la lista nominal estaba conformada por más de 93 millones de mexicanos, según datos del Instituto Nacional Electoral de México (INE), por lo que se necesitarían más de 37 millones de votos a favor de la revocación.
Sobre la necesidad de una participación del 40%, López Obrador dijo a finales de 2021 que “aunque no llegue al 40 y pierdo, es decir, si la gente dice que me vaya, me voy. ¿Por qué? Porque no se puede gobernar sin el apoyo, sin el respaldo del pueblo y menos cuando se está llevando a cabo una transformación. Si no tengo el apoyo del pueblo, no puedo hacer nada. (…) Un Gobierno fuerte, no autoritario, sino fuerte por su respaldo popular puede llevar a cabo cambios importantes”.
Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí?
En marzo de 2019, López Obrador firmó una carta dirigida al pueblo mexicano en la que establecía que en 2021 se realizaría una consulta para preguntar a los ciudadanos si debería o no continuar con su mandato o renunciar.
“Ciertamente, fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio pero, según muestra la Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su Gobierno; es decir, el pueblo pone y el pueblo quita”, escribió López Obrador. Sin embargo, el INE suspendió temporalmente la consulta de revocación de mandato por falta de presupuesto a finales de 2021.
Estrictamente, la consulta de revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana que fue publicada por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2021 —previa aprobación de la Cámara de Diputados y el Senado de la República en ese mismo mes—, y que fue solicitado por un segmento de la población mexicana para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del presidente de México, a partir de la pérdida de la confianza.
Además, es una medida impulsada por el presidente de México, e incluida en la Constitución de México en diciembre de 2019. “Hoy es importante recordar que la revocación de mandato, de acuerdo con el artículo 35 constitucional, es un derecho de la ciudadanía y no una prerrogativa del gobernante o de los partidos políticos”, dijo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, durante una sesión extraordinaria del Consejo General de la institución en febrero.
López Obrador dijo que era una forma “pacífica, legal y legítima” de dirimir diferencias. “A mí me interesa el proceso democrático, el que dejemos establecido este método democrático y que se convierta en un hábito”, señaló López Obrador durante una conferencia de prensa celebrada este viernes en el central estado de Tlaxcala.
Por su parte, el historiador y analista político José Antonio Crespo dijo a CNN sobre la consulta del 10 de abril que “lo de la revocación de mandato no tiene ningún sentido, nadie quiere que se vaya, unos cuantos nada más”.
“Nos podríamos ahorrar una gran cantidad de dinero ahí. Sin embargo, insisten en hacerla porque en realidad es una campaña para su imagen, para resaltar nuevamente su imagen, para recuperar capital político que ha perdido en alguna medida y tratar de transferirlo a su candidato o candidata ya cuando vengan las elecciones presidenciales en 2024”, añadió Crespo.
“Yo creo que lo peor que le puede pasar políticamente a López Obrador es que pierda su partido en 2024, porque se le vendría para abajo todo lo que ha dicho de su proyecto histórico, de una revolución pacífica que según él está llevando a cabo, porque sería ‘oye tan no te salió bien que a la primera de cambios el pueblo la quitó'”, concluyó.
El INE cuenta con un presupuesto de poco más de poco más de US$ 78,2 millones (1.567 millones de pesos mexicanos para la organización de la convocatoria para la votación de revocación de mandato. El costo inicial era de poco más de US$ 191,2 millones (3.830 millones de pesos mexicanos), según cifras del INE.
La institución electoral informó el martes en un comunicado que aprobó la instalación de poco más de 57.500 casillas en todo México para la consulta que se realizará el 10 de abril. Según el INE, habrá suficientes papeletas para que los mexicanos inscritos en la lista nominal acudan a participar en este ejercicio.
