Autoridades de seguridad de El Salvador dijeron el lunes que en las últimas horas han capturado a más de 1.00o pandilleros, después del establecimiento de un estado de excepción y alerta máxima en el país, mientras que organismos humanitarios han mostrado preocupación por la medida.
El estado de excepción —solicitado por el presidente Nayib Bukele y aprobado por el Congreso— limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, entre otras medidas.
La cifra de pandilleros arrestados fue corroborada por Bukele en su cuenta de Twitter, donde además escribió que tenían “16.000 ‘homeboys’ en nuestro poder”.
Según el mandatario, hasta ahora a los pandilleros que ya guardan prisión se les ha decomisado todo, “hasta las colchonetas para dormir, les racionamos la comida y ahora ya no verán el sol”, afirmó.
De acuerdo con Bukele, para “la gran mayoría de las personas, la vida seguirá como antes… a menos que seas miembro de una pandilla o seas considerado sospechoso por las autoridades”.
Además del estado de excepción, Bukele también ordenó que se decretará emergencia máxima en todas las cárceles donde cumplen condenas los miembros de las pandillas.
El jefe de Estado pidió a la Fiscalía que trate todos los casos de pandilleros con la misma “eficacia”, advirtiendo que estará pendiente de los “jueces que favorezcan a los delincuentes”.
Las acciones en el país centroamericano han alertado a organismos internacionales de derechos humanos que temen puedan prestarse para una serie de arbitrariedades y abuso de poder.
La ONG Human Rights Watch informó que sigue con preocupación la implementación de las medidas y ha pedido al gobierno salvadoreño que la política de seguridad sea siempre parte del estado de derecho.
Juan Pappier, investigador de la división de las Américas de la organización, pidió al gobierno de El Salvador que “proteja a la población con medidas duraderas y respetuosas de los derechos humanos. La política de seguridad debe ser siempre parte del estado de derecho”.
“La suspensión de ciertos derechos constitucionales en El Salvador abre la puerta a todo tipo de atropellos”, sentenció Pappier, en sus redes sociales.
