El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, recalcó que el decreto de amnistía aprobado por el nuevo Poder Legislativo, no beneficia a quienes cometieron delitos de corrupción.
El también diputado del partido Libre por el departamento de Francisco Morazán, explicó que dicho decreto de amnistía, establece un mecanismo en el que permite la participación de la sociedad civil hondureña.
Consecuentemente, recordó que un organismo como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), no se va a prestar para defender delitos comunes como corrupción y promover la impunidad.
“Sé que ha habido una gran reacción a esto -el decreto 4-2022- de qué se está protegiendo delitos de corrupción, pero no es así como se piensa”, dijo y sostiene que la Comisión Internacional “debe investigar todo tipo de delito en Honduras”.
Respecto a encontrar casos que no sean ligados a temas políticos y corrupción, considera que son temas por los que se requerirá hacer enmiendas correspondientes para actuar en el marco de la transparencia.
CONTROVERSIA
“Lo que se está haciendo por parte del Poder Legislativo es quitar los obstáculos que impedía el acceso del ciudadano común y de los entes investigadores como el Ministerio Público”, dijo tras recordar que entre ellas se encuentra la Ley de Secretos Oficiales.
Cabe recordar que el decreto en referencia, concede amnistía, amplia e incondicional a funcionarios que hayan sido judicializados en la administración gubernamental del período del 27 de enero 2006 al 28 de junio 2009 en el gobierno del expresidente Manuel Zelaya.
El proyecto ha generado polémica, que incluso sectores políticos y sociales, se han pronunciado en contra, debido a las cartas de libertad que se emitieron y que se emitirán a personas que en su momento fueron acusadas penalmente por corrupción.
Y es que el pasado viernes el Poder Judicial, liberó una carta de libertad a favor de Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia de la República en el gobierno del Poder Ciudadano, por sacar más de 40 millones en una carretilla del Banco Central de Honduras.
