La Corte Suprema impidió que la administración de Biden haga cumplir el requisito de que los empleados de las empresas se vacunen contra el COVID-19 o se sometan a pruebas semanales y usen una máscara en el trabajo.
Al mismo tiempo, el tribunal permite que la administración proceda con un mandato de vacunación para la mayoría de los trabajadores de la salud en los EEUU.
Las órdenes de la corte el jueves durante un aumento en los casos de coronavirus fueron una mezcla de los esfuerzos de la administración para aumentar la tasa de vacunación entre los estadounidenses.
La mayoría conservadora de la corte concluyó que la administración se extralimitó en su autoridad al tratar de imponer la regla de vacuna o prueba de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional a las empresas estadounidenses con al menos 100 empleados. Más de 80 millones de personas se habrían visto afectadas.
“OSHA nunca antes había impuesto tal mandato. El Congreso tampoco. De hecho, aunque el Congreso ha promulgado una legislación significativa que aborda la pandemia de COVID-19, se ha negado a promulgar cualquier medida similar a la que OSHA ha promulgado aquí”, escribieron los conservadores en una opinión sin firmar.
En desacuerdo, los tres liberales de la corte argumentaron que fue la corte la que se extralimitó al sustituir su juicio por el de los expertos en salud. “Actuando fuera de su competencia y sin base legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios gubernamentales a los que se les asignó la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo”, escribieron los jueces Stephen Breyer, Elena Kagan y Sonia Sotomayor en una disidencia conjunta.
Al elaborar la regla de OSHA, los funcionarios de la Casa Blanca siempre anticiparon desafíos legales y, en privado, algunos albergaron dudas de que pudiera resistirlos. Sin embargo, la administración aún considera que la regla es un éxito al lograr que millones de personas se vacunen y que las empresas privadas implementen sus propios requisitos que no se ven afectados por el desafío legal.
Ambas reglas habían sido desafiadas por estados liderados por republicanos. Además, los grupos empresariales atacaron la regulación de emergencia de OSHA por considerarla demasiado costosa y probable que haga que los trabajadores dejen sus trabajos en un momento en que ya es difícil encontrar nuevos empleados.
El mandato de vacunación que el tribunal permitirá que se haga cumplir en todo el país cubre prácticamente a todos los trabajadores de la salud del país. Se aplica a los proveedores de atención médica que reciben fondos federales de Medicare o Medicaid, lo que podría afectar a 76 000 centros de atención médica, así como a proveedores de atención médica domiciliaria. La regla tiene exenciones médicas y religiosas.
Las decisiones de los tribunales federales de apelaciones en Nueva Orleans y St. Louis habían bloqueado el mandato en aproximadamente la mitad de los estados. La administración ya estaba tomando medidas para aplicarlo en otros lugares.
En el caso de atención médica, solo los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito expresaron su disidencia. “Los desafíos que plantea una pandemia global no permiten que una agencia federal ejerza un poder que el Congreso no le ha conferido. Al mismo tiempo, tales circunstancias sin precedentes no brindan motivos para limitar el ejercicio de las facultades que se ha reconocido que tiene la agencia durante mucho tiempo”, escribieron los jueces en una opinión sin firmar, diciendo que “el último principio rige” en los casos de atención médica.
Más de 208 millones de estadounidenses, el 62,7% de la población, están completamente vacunados, y más de un tercio de ellos han recibido vacunas de refuerzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Los nueve jueces han recibido vacunas de refuerzo.
Los jueces escucharon argumentos sobre los desafíos la semana pasada. Sus preguntas luego insinuaron el veredicto dividido que emitieron el jueves.
