El Ministerio de Exteriores de Irán ha anunciado este sábado una nueva batería de sanciones contra 51 altos cargos estadounidenses, activos o de la pasada administración, con el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Estados Unidos, el general Mark Milley, a la cabeza, a los que acusa de participar en la muerte del general iraní Qasem Soleimani en enero de 2020 durante una operación norteamericana en Irak.
Entre los designados se encuentra también el máximo responsable del departamento militar de Ciberseguridad, el general Paul Miki Nakasone, el jefe del Mando Central (CENTCOM), general Kenneth McKenzie; el exasesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien; el exasesor de la Casa Blanca y mediador en los acuerdos de Abraham entre Israel y los países del Golfo Robert Greenway o la exasesora adjunta para Oriente Próximo Victoria Gardner Coates.
Todos ellos han sido acusados de su “participación en la toma de decisiones, organización, financiación y ejecución del acto terrorista contra el general Soleimani y sus compañeros” y sus nombres se suman a la lista que encabeza Donald Trump, presidente de Estados Unidos durante el ataque que acabó la vida de Soleimani.
En su anuncio, Irán reitera que Estados Unidos, “al llevar a cabo el cruel acto terrorista, violó flagrantemente sus obligaciones legales internacionales en la lucha contra el terrorismo”, de acuerdo con la agencia de noticias iraní ISNA.
Soleimani fue una de las víctimas de un ataque con drones perpetrado por Estados Unidos, entre las que figuró también Abú Mahdi al Muhandis, entonces ‘número dos’ de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) –una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán–.
Tras ello, Washington argumentó que llevó a cabo el ataque “para proteger al personal estadounidense en el extranjero”, a raíz de las protestas contra su Embajada en Bagdad en protesta por otro bombardeo en el que murieron 25 miembros de las FMP. El bombardeo en Bagdad llevó al Parlamento de Irak a exigir la salida de las tropas internacionales del país, proceso finalizado en diciembre de este año con la retirada de las “tropas de combate” de la coalición.
