Dicen que fueron a protestar pacíficamente. Que pensaban que la policía los estaba dejando entrar en el Congreso. Que se quedaron atrapados en medio de la turba. Algunos son arquitectos, propietarios de negocios, estudiantes, empresarios. A un año del asalto al Capitolio en Washington, más de 700 manifestantes han sido acusados con cargos que van desde planear un ataque para impedir la confirmación oficial de la victoria electoral del presidente Joe Biden el 6 de enero de 2021 hasta agredir a la policía. Hasta ahora, 165 se han declarado culpables —cuatro de ellos se arriesgan a una condena de 20 o más años de cárcel— y 71 han sido condenados con penas que alcanzan los cinco años de prisión, según datos del Departamento de Justicia.
En paralelo al trabajo del Departamento de Justicia, una comisión de la Cámara de Representantes lleva seis meses investigando lo que ocurrió en esa aciaga jornada, con especial interés en el papel de Donald Trump y su entorno durante la jornada del asalto. Está previsto que en los próximos meses hagan públicas sus conclusiones.
La cantidad de vídeos de vigilancia, de las cámaras de agentes de seguridad, y de los propios asaltantes en las redes sociales, derrumban las defensas de los simpatizantes de Donald Trump que pusieron en jaque al Capitolio ese día. En las violentas imágenes se puede ver que entre los más de 800 sublevados había algunos armados con hachas, bates de béisbol, palos de hockey y otras armas. El ataque dejó cinco muertos y 140 agentes heridos, y tuvo lugar después de que Trump instara, en un encendido discurso cerca de la Casa Blanca, a sus seguidores a “luchar como el demonio” con el fin de “recuperar” el país. La invitación final del republicano fue que marcharan hacia el Congreso.
El Departamento de Justicia es el encargado de presentar los cargos penales relacionados con el asalto, pero la comisión de investigación del Congreso —formada por siete demócratas y dos republicanos—, puede recabar pruebas de un posible delito y recomendar a la Justicia que actúe. También puede perseguir casos de perjurio, intimidación a testigos o desacato al Congreso de personas que desafían sus citaciones, como el influyente asesor de Trump, Stephen Bannon, y su exjefe de Gabinete, Mark Meadows.
Hasta ahora, los congresistas del comité ―apoyados por decenas de asesores, entre los que figuran exfiscales generales― han entrevistado a más de 300 testigos; reunido unos 35.000 documentos; y han recorrido el país para hablar con funcionarios electorales de Estados como Arizona y Pensilvania, donde Trump insiste en que se cometió fraude en el escrutinio nunca demostrado. El objetivo de las entrevistas es averiguar si hubo presiones del exmandatario y su entorno durante el escrutinio de los votos.
