Cuando parece que el derecho al aborto no se puede restringir más en Polonia, el segundo país más duro de la UE tras Malta, la noticia de la muerte de una mujer porque no le realizaron un aborto a tiempo, un registro de embarazos y un proyecto de ley que suponía la prohibición total han agitado los ánimos este otoño de una parte de la sociedad entre la que empieza a cundir el desánimo y el miedo. “Hay tristeza, terror y desesperanza”, cuenta Kamila Ferenc, abogada de la Federación de Mujeres y Planificación Familiar (Federa), que trabaja en asegurar la interrupción del embarazo en los casos en los que todavía es legal, pero se encuentran con la resistencia de médicos y hospitales.
El otoño empezó con un fuerte golpe. Izabela, una mujer de 30 años, se convirtió para los movimientos feministas en la primera víctima conocida de las últimas restricciones al aborto. La noticia llegó cuando se cumplía un año de la sentencia del Tribunal Constitucional en octubre de 2020 que eliminó la posibilidad de terminar un embarazo en caso de malformación del feto, que en la práctica suponían el 97% de los abortos que se realizaban. La mujer murió por shock séptico en septiembre cuando los médicos que la trataban esperaron a que el corazón del feto, que era inviable, dejara de latir antes de practicarle una cesárea. El caso, que se dio a conocer a finales de octubre, volvió a sacar a miles de personas a las calles de todo el país en noviembre bajo el lema Ani jednej więcej (ni una más).
Marta Lempart, fundadora del movimiento Huelga de Mujeres, cuenta que las históricas protestas de 2020 tras la sentencia —por las que más de 4.000 personas han pasado por los tribunales, según Gazeta Wyborcza— tenían por objetivo conseguir “que nadie muriese”. Lograron dar a conocer “el sistema fuera del sistema” para lograr un aborto, a través de la televisión, los periódicos y en las calles. “Pensábamos que estábamos bien”, explica a través de una videollamada. Pero la muerte de Izabela demostró que “la gente sí muere”.
Los médicos que trataron a Izabela sí habrían podido realizar un aborto legal porque su vida estaba en riesgo, como se apresuró a aclarar el Gobierno del ultraconservador Ley y Justicia (PiS, en sus siglas en polaco). El profesor Krzysztof Krajewski, en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Jaguelónica de Cracovia, subraya que el caso demuestra que “con la presión y la atmósfera del país los doctores tienen miedo de tener problemas, sobre todo porque la Fiscalía está muy politizada”. En Polonia, quien ayuda a una mujer o realiza un aborto considerado ilegal se enfrenta a hasta tres años de cárcel, ocho si se considera que la vida del feto ya era viable fuera del útero. Entre 2002 y 2018 hubo 410 condenas. “En términos estadísticos no es nada, pero es la forma de trabajar de este Gobierno: la intimidación para que la gente renuncie a sus libertades por miedo a las consecuencias. Y esto también es aplicable a los médicos”, añade.
