El gobierno de Brasil suspendió el lunes (27.12.2021) las siete autorizaciones que había concedido para que empresas mineras explorasen posibles minas o vetas de oro en una región de la selva amazónica, altamente preservada, y próxima a la frontera con Colombia y Venezuela.
El gobierno del presidente Jair Bolsonaro, que defiende la explotación minera hasta en las reservas indígenas en la Amazonía, decidió suspender las licencias concedidas tras el rechazo de los propios órganos reguladores y las duras críticas de los ecologistas.
La cancelación de los permisos está prevista en un decreto publicado este lunes en el Diario Oficial y firmado por el ministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia, Augusto Heleno Ribeiro, un general de la reserva que se ha convertido en un estrecho colaborador de Bolsonaro.
Las autorizaciones fueron concedidas hace semanas por el propio Ribeiro, pese a que su Gabinete no tiene relación con el área de Minas y Energía, y generaron una intensa polémica debido a que permiten la búsqueda de minerales en una de las áreas más preservadas de la Amazonía.
Las siete autorizaciones concedían a empresas mineras derechos para buscar oro en la región conocida como Cabeza de Cachorro, en jurisdicción de Sao Gabriel da Cachoeira, municipio del estado de Amazonas, que cuenta con algunas de las áreas selváticas mejor preservadas del país.
Las áreas de interés están próximas a las fronteras de Brasil con Colombia y Venezuela y a importantes reservas indígenas y ambientales. Sao Gabriel da Cachoeira se considera uno de los municipios de mayor importancia para los indígenas en el país por contar con reservas de 23 diferentes etnias.
En el decreto, Ribeiro admitió que las hubo fuertes críticas no solo de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) -ambas estatales- sino también de la Agencia Nacional de Minería (ANM), regulador del sector.
La Fiscalía llegó a abrir una investigación para analizar la procedencia y la legalidad de la autorización concedida por Ribeiro ante los riesgos ambientales generados por las medidas.
La deforestación de la Amazonía alcanzó niveles récord en el gobierno de Bolsonaro y llegó a 13.235 kilómetros cuadrados entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor área degradada en 12 meses durante los últimos 15 años.
