El Gobierno mexicano prometió este jueves crear un Centro Nacional de Identificación Humana al reconocer una crisis de más de 95.000 personas desaparecidas y 52.000 cuerpos sin identificar en fosas comunes y en morgues del Estado.
Tan solo en las cámaras frigoríficas o planchas estatales hay 9.400 cuerpos sin identificar, indicó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) en la rueda de prensa matutina en el Palacio Nacional.
“La creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para poder atender el rezago en esta materia que existe para establecer mecanismos de identificación masiva, se están haciendo ya los primeros ejercicios”, anunció el subsecretario.
El funcionario reconoció “una crisis forense que ha llevado a que no existan las capacidades para garantizar la identificación de las personas y el regreso con sus familiares”.
Ante el problema, presumió de “cifras sin precedentes” del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con cerca de 2.200 jornadas de búsqueda realizadas hasta ahora en 28 estados y 314 municipios.
En total, el Gobierno ha invertido más de 6.103 millones de pesos (cerca de 294 millones de dólares) en derechos humanos, de los que más de 1.200 millones de pesos (casi 58 millones de dólares) han sido de labores de búsqueda.
“Esperemos avanzar pronto en el Centro de Identificación Humana porque lo que necesitamos es tomar medidas que nos permitan atender estos conflictos de carácter estructural, que se fueron incubando durante muchos años y está siendo difícil revertirlos”, expuso.
El subsecretario presentó un informe de lo que ha hecho el Gobierno de López Obrador en derechos humanos hasta la mitad de su sexenio.
Admitió que “hay muchas asignaturas pendientes” con el argumento que “prevaleció durante mucho tiempo la idea que se podían resolver las cosas con el uso de la fuerza”.
“Desde el inicio de este Gobierno, hemos asumido plenamente nuestra responsabilidad, reconociendo la existencia de una crisis humanitaria y de violación de los derechos humanos que lamentablemente se profundizó ante las ausencias y omisiones del Estado”, añadió Encinas.
Entre las acciones que destacó el subsecretario está el aumento de 88 % de los beneficiarios por el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que hora cuenta con 493 comunicadores protegidos y 2.011 defensores.
Aun así, reconoció que persiste un nivel de más del 90% de impunidad en homicidios de periodistas y 45 % de las agresiones son de autoridades municipales.
Asimismo, Encinas informó que hasta la fecha se han presentado 1.798 solicitudes dentro de la Ley de Amnistía que promulgó López Obrador en abril de 2020 para liberar a presos por crímenes menores, en particular por aborto, pequeños robos o posesión de drogas.
Pero hasta ahora solo se han analizado 1.003 solicitudes, de las que 900 han resultado improcedentes.
Con información de EFE.
