El Congreso de Colombia aprobó el miércoles un proyecto de ley impulsado por el gobierno que ha causado rechazo en algunos sectores que lo señalan de ir en contra del derecho a la movilización social.
La nueva ley fue impulsada en noviembre, luego de las masivas protestas registradas durante tres meses este año en contra de una reforma fiscal, la inequidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía que dejaron más de 40 muertos, 3.000 heridos y daños a la infraestructura pública.
Con 60 votos a favor y 10 en contra fue aprobada la “ley de seguridad ciudadana”, como fue bautizada por el gobierno que la promovió como una forma de fortalecer instrumentos jurídicos y económicos para “contrarrestar la delincuencia en las ciudades” y regular las armas “menos letales”.
Los congresistas de oposición se negaron a votar el proyecto al considerar que “viola de manera abierta y flagrante principios fundamentales de la Constitución”, como el derecho a la vida y a la movilización social, según explicó el senador Iván Cepeda durante la plenaria.
El senador opositor Roy Barreras aseguró que demandará ante la Corte Constitucional la norma a la que sólo le resta la firma del presidente de la República para convertirse en ley. “Lo que acaba de aprobarse criminaliza la protesta, legitima la justicia por mano propia, legaliza formas de paramilitarismo urbano, autoriza a disparar a los jóvenes, también a los indígenas”, advirtió Barreras.
El proyecto de ley aumenta penas para quienes atenten contra la infraestructura, el sistema de transporte público masivo e instalaciones militares o de policía. También para quienes utilicen máscaras que sirvan para ocultar la identidad comúnmente usadas durante las protestas.
Incluye también la “legítima defensa privilegiada” para particulares que se podrá ejercer cuando un “extraño” use “maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente” en lugares privados o vehículos. “La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno”, aclara el proyecto de ley aprobado.
Juan Pappier, experto para Colombia de Human Rights Watch (HRW), indicó a The Associated Press que esta nueva ley no es suficiente para “enfrentar el deterioro de la seguridad en zonas remotas del país y para prevenir nuevos hechos de brutalidad policial contra manifestantes”.
HRW documentó en un informe sobre las manifestaciones recientes en Colombia que la policía estaría detrás de al menos 25 muertes por disparos de arma de fuego, impacto de cartuchos de gas lacrimógeno y una golpiza. En una investigación paralela la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que las víctimas de la policía serían 28 personas.
“El gobierno de Duque comete un grave error al creer que los problemas estructurales de Colombia se pueden solucionar creando nuevos delitos y aumentando penas de cárcel”, agregó Pappier sobre la nueva norma.
El gobierno celebró la aprobación de la ley en el Congreso. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, indicó en un comunicado que es “garantista” de los derechos y libertades de los ciudadanos y a la vez “implacable” con la delincuencia.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, resaltó que la ley aumenta las condenas para quienes asesinen periodistas, miembros de la fuerza pública y defensores de derechos humanos, uno de los principales problemas del país.
