El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) informó este martes que 110 agentes comenzarán pronto a usar cámaras corporales que registrarán sus acciones en operativos planeados en tres ciudades del país, como parte de un programa piloto de seis meses cuyo objetivo principal es “aumentar la transparencia”, fortalecer su desempeño, analizar incidentes, disuadir “quejas frívolas” y “reducir las hostilidades” con el público.
El despliegue de estas cámaras ocurrirá en fases, comenzando con elementos de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Houston, Nueva York y Newark (Nueva Jersey). Posteriormente participarán oficiales de la división de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO), quienes se encargan de arrestar a fugitivos indocumentados, en Atlanta, Los Ángeles y Salt Lake City.
Aún no hay una fecha precisa para el inicio de este programa. Eso dependerá de las negociaciones con el sindicato que representa laboralmente a los oficiales de ICE, indicó la agencia.
“Con su piloto de cámaras corporales, ICE está haciendo una declaración importante de que la transparencia y la responsabilidad son componentes esenciales de nuestra capacidad para cumplir con nuestra misión de aplicación de la ley y mantener seguras a las comunidades”, dijo Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en un comunicado.
“El departamento continuará buscando formas de garantizar la seguridad de nuestra fuerza laboral, nuestros socios estatales y locales, y el público, al tiempo que genera confianza en las comunidades a las que servimos”, agregó el funcionario.
Con un presupuesto anual de 8,000 millones de dólares, ICE tiene más de 20,000 agentes y personal de apoyo en más de 400 oficinas en Estados Unidos y varios países, incluyendo México y El Salvador.
Por ello, este programa piloto significa apenas una pequeña fracción de todos sus oficiales en campo. Quienes sean elegidos para participar en este recibirán un entrenamiento sobre el uso del dispositivo, las políticas de ICE, consideraciones legales y el almacenamiento de los videos. Ellos portarán las cámaras en sus chalecos antibalas, cascos y camisas. Quedarán descartados instructores, supervisores y personal administrativo.
ICE espera que esas grabaciones le permitan registrar por completo un operativo, desde su inicio, el arresto y hasta el interrogatorio a los detenidos. Además, planean usar ese material para evaluar la conducta policial, incluyendo casos de uso de fuerza, y para capacitar a otros elementos.
En la práctica se les exigirá a los agentes migratorios que activen las cámaras en el inicio del operativo y apagarlas hasta que concluya. Si un oficial no prende el dispositivo o interrumpe la grabación deberá proporcionar una declaración de por qué sucedió. También estarán obligados a notificarle a las personas con las que interactúan que están siendo filmadas.
El personal de ICE no deberá grabar intencionalmente en lugares donde está prohibido, como vestidores, instalaciones médicas y baños. Tampoco las podrán usar durante operaciones encubiertas o “en situaciones en las que representen un riesgo para el oficial o la seguridad pública”.
Todos los datos capturados con las cámaras corporales durante el piloto, ya sea que califiquen como evidencia o no, se almacenarán y conservarán en un sistema o medio designado por ICE.
Se espera que este programa piloto grabe arrestos, órdenes de registro, interrogatorios y detenciones breves.
Una evaluación interna que ICE publicó en noviembre señala que esta iniciativa puede tener “múltiples beneficios potenciales”, como ayudar a determinar objetivamente lo que sucedió durante un encuentro con las fuerzas del orden, disuadir acusaciones y “quejas frívolas”, mejorar las capacitaciones y “contribuir a un ‘efecto civilizador’ en las interacciones civiles-policiales al reducir las hostilidades entre el personal de ICE y el público”.
Otros efectos positivos, agregó la agencia, serían fortalecer el desempeño y la responsabilidad del personal de ICE, “aumentar la conciencia” y la seguridad de los oficiales “al influir en el comportamiento público”, y simplificar la revisión de incidentes.
