Los integrantes de la caravana migrante acusaron este lunes al Gobierno mexicano de incumplir con el acuerdo al que llegaron el pasado jueves para regularizar a las más de 500 personas que forman el colectivo.
Un grupo de 350 personas llegó al Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad de México para quejarse de la “lentitud” del proceso para otorgarles visas humanitarias y permisos de residencia permanentes.
Las autoridades migratorias decidieron atender a los integrantes de la caravana en grupos de 30 personas, dando prioridad a mujeres y niños.
Para Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras y representante de los migrantes ante el Gobierno mexicano, el INM “quiere mantener a la caravana secuestrada en Ciudad de México”.
En el acuerdo de la semana pasada, México se comprometió a atender las solicitudes de cada uno de las personas que pernoctan desde el 12 de diciembre en la Casa del Peregrino, cercana a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y facilitar el tránsito de quienes quieran seguir su paso hacia Estados Unidos otorgándoles visados por razones humanitarias.
Fátima Vanessa, salvadoreña de 23 años, escapó de su país con su hijo de 6 años y su madre, después de que las pandillas asesinaran a su hermano y las amenazaran con hacerles lo mismo.
“Nos tienen que dar la documentación a todos, no de 30 en 30, no podemos seguir perdiendo el tiempo”, se quejó Vanessa en declaraciones a Efe mientras hacía fila para exponer su caso en el INM junto con una quincena de madres y niños.
Los representantes de la caravana tendrán más tarde una nueva reunión con la Secretaría de Gobernación en donde insistirán en la idea de que se atienda a todos al mismo tiempo.
Otro de los puntos en el acuerdo entre Gobierno y caravana es el respeto a los derechos humanos de quienes transitarán por el país hacia Estados Unidos.
Los migrantes se quejan de que, al hacerlos esperar hasta dos semanas para que se cubra el 100% de la caravana, también se les están vulnerando sus derechos.
Sara Traña, costarricense de 16 años, estuvo cuatro meses en Tapachula, en el estado de Chiapas, en la frontera sur con Guatemala, y siente que el INM tiene la capacidad de resolver todas las peticiones en cuestión de pocos días.
“No somos 8 mil personas, somos pocos, es difícil imaginar que no tengan la capacidad como para solucionar nuestros papeles al mismo tiempo”, dijo.
México vive una ola migratoria sin precedentes al registrar 123 mil solicitudes de asilo solamente en los primeros 10 meses del año, cuando en años anteriores la cifra solía llegar a unas 40 mil.
