El Gobierno de Bolivia autorizó este jueves, mediante el Decreto Supremo 4639, la constitución del fideicomiso por 8 millones de pesos bolivianos (1.159.689 dólares, aproximadamente), para el otorgamiento de créditos de fomento a la producción a los familiares de los fallecidos y víctimas del golpe de Estado de 2019.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, detalló que se deberán cumplir requerimientos legales para otorgar los recursos, entre ellos, tener el levantamiento de todos los que fueron víctimas de agresiones y violaciones de derechos humanos, pues hasta la fecha los ministerios de Justicia y Salud registran 38 fallecidos, más de 100 heridos, y personas afectadas que todavía están presentando sus documentos de respaldo.
El funcionario detalló que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) será la entidad que asigne los recursos; mientras que, con el Ministerio de Desarrollo Rural, diseñarán un reglamento que “permita a todos los sectores beneficiados con dichos recursos acceder a los créditos y productos financieros que se van a trabajar”.
Esta medida forma parte del diálogo entre el Gobierno boliviano, las víctimas de las masacres durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, y sus familiares, en el cual se acordó avanzar en la implementación de un plan general de reparación económica y psicológica.
Además, se planteó potenciar la contribución y participación de los afectados en el desarrollo productivo de la nación.
Otras acciones en favor de los damnificados
Tras conversaciones conjuntas, y con la participación de expertos internacionales, se indemnizó a todas las familias de los 38 fallecidos con 100.000 bolivianos (14.492 dólares), “al considerarse estos los de mayor grado de afectación dentro de los luctuosos hechos que hemos vivido en el país”, pormenorizó el titular de la cartera de Justicia.
El plan de reparación gubernamental también contempla el otorgamiento de 1.500 becas educativas a las familias afectadas; así como un bono alimenticio respaldado por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).
Igualmente, en materia de acceso a empleos, se promoverá un contrato a un representante de cada familia dañada. “Necesitamos establecer una ley capaz de regular todo el reconocimiento y el resarcimiento”, manifestó Lima.
El funcionario acotó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tendrá a su cargo dicha legislatura dirigida a extender y reforzar la reparación integral a más personas, especialmente heridos, perseguidos políticos y judiciales.
Con información de Telesur.
