La justicia australiana dio luz verde ese jueves a la solicitud de Chile para extraditar a Adriana Rivas, quien es requerida por la desaparición de siete personas durante el régimen de Augusto Pinochet en la década de 1970, aunque este fallo todavía puede ser apelado por la acusada.
En la vista de más de una hora, el magistrado Philip Stewart, del tribunal del estado de Nueva Gales del Sur, se mostró favorable a la “eligibilidad” de la chilena de 67 años para ser extraditada.
La acusada, que defiende su inocencia, compareció por vídeo-conferencia desde la prisión en la que está recluida desde su detención en febrero de 2019.
Al hacer un repaso de los argumentos de las partes, el juez remarcó que los “crímenes contra la humanidad” que se le atribuyen a Rivas “constituyen ofensas” susceptibles de extradición y desestimó las alegaciones de la acusada, quien asegura que será juzgada en Chile por sus “opiniones políticas”.
LAUTARO, LA BRIGADA DE EXTERMINIO
Rivas, que trabajaba como niñera y limpiando casas desde hace tres decenios en Sídney, es acusada de participar en la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (Policía secreta de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
La exsecretaria de Contreras, el máximo represor de la dictadura de Pinochet, presuntamente participó en el “secuestro agravado” de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.
Al juez Stewart “no le cabe duda” de que Rivas “era miembro de la DINA y estaba presente… cuando estas detenciones y asesinatos tuvieron lugar”, dijo a Efe la abogada Adriana Navarro, representante de las familias de seis de los detenidos-desaparecidos, al término de la vista en Sídney.
La letrada chilena-australiana aclaró que si bien se conocieron detalles de las atrocidades que se le atribuyen a Rivas, el juez solamente tenía que “determinar que la conducta de Rivas es equivalente a una conducta delictiva en Australia”.
ENCRUCIJADA LEGAL DE LARGO ALIENTO
Pero la extradición de Rivas aún no es inminente dado que su abogado Frank Santisi, quien calificó el fallo de “decepcionante”, sopesa la posibilidad de apelarlo ante el Tribunal Federal en el plazo legal de 15 días.
“Necesito la opinión de la señora Rivas”, comentó a Efe el letrado, quien se negó a dar detalles sobre quién financia los miles de dólares que se destinan en la defensa legal de esta chilena que solamente tiene un hijo, ya adulto, en Australia.
Una batalla legal hasta la última instancia, el Tribunal Superior de Australia, podría prolongarse por años, tal y como sucedió con la extradición del exparamilitar serbio Dragan Vasiljkovic, cuya extradición a Croacia por su implicación en las atrocidades durante la Guerra de los Balcanes se demoró casi una década.
PRIMER TRIUNFO EN AUSTRALIA
El fallo en favor de la extradición de Rivas, quien huyó de Chile a Australia cuando se encontraba en libertad provisional después de haber viajado a su país para visitar a su familia, fue celebrado por un grupo de activistas a las afueras del tribunal y por los familiares de las víctimas que estaban conectados virtualmente.
“Siento una alegría inmensa que se haya hecho justicia con una persona que torturó y mató a mucha gente”, expresó a Efe Juan Rivera, quien portaba una fotografía de una de las víctimas y un clavel rojo.
Entre cánticos de “extraditable” y arropados con las banderas chilenas, Nancy Rivera Huencho reconoció que “es una más de las muchas batallas, pero estamos dispuestos a seguir luchando por los detenidos desaparecidos”.
Para algunos activistas chilenos, entre ellos refugiados, el proceso contra Rivas es la punta del iceberg de decenas de casos de exagentes secretos de Pinochet que aparentemente viven en la impunidad en Australia desde finales de la década de 1980 y principios de 1990 y cuyas identidades se desconocen.
El otrora primer ministro de Australia Gough Whitlam (1972-75) llegó a confirmar la cooperación de los servicios secretos australianos con la CIA estadounidense en la caída del Gobierno de Salvador Allende, derrocado en el golpe de Pinochet.
“Ha sido escrito, y no puedo negarlo, que cuando asumí el Gobierno, el personal de la inteligencia australiana estaba trabajando como delegados de la CIA en la desestabilización del Gobierno de Chile”, afirmó en su día Whitlam.
