Congresistas opositores juntaban votos el viernes para pedir la destitución del mandatario peruano Pedro Castillo por presunta incapacidad moral, mientras la fiscalía ingresó al palacio presidencial para investigar un caso de supuesta corrupción que implica al entorno del jefe de Estado.
La líder del partido opositor Keiko Fujimori anunció que su grupo de 24 legisladores iba a apoyar el pedido de vacancia porque Castillo demuestra “una permanente incapacidad” para gobernar.
Se necesitan 26 votos para presentar el pedido y es posible que se logre pronto la solicitud, pero el camino a una destitución presidencial aún es largo e incierto. La oposición necesitaría otros 52 votos para que su pedido sea admitido en el debate y luego 87 votos para ser aprobado.
La reacción de Fujimori ocurre tras casi cuatro meses de iniciado el gobierno de Castillo, quien la venció en una ajustada segunda vuelta. Fujimori alegó sin pruebas que Castillo había cometido un fraude. No es la primera vez que Fujimori apoya el pedido de destitución de un presidente: su grupo ya lo hizo el año pasado contra el entonces mandatario Martín Vizcarra (2018-2020).
La más reciente tormenta sobre el gobierno de Castillo empezó a inicios de noviembre tras la remoción de los jefes del ejército y de la aviación. Al momento ha provocado la renuncia del ministro de Defensa, Walter Ayala; del secretario presidencial Bruno Pacheco y ha generado un pedido de destitución presidencial solicitado por una legisladora derechista, al que Fujimori se ha unido.
La crisis aumentó cuando el recién retirado jefe del ejército José Vizcarra acusó a través de la radio local RPP al secretario presidencial y al entonces ministro de Defensa de presionarlo para ascender a dos oficiales al cargo de generales.
José Vizcarra dijo que Castillo también le sugirió de forma más sutil el ascenso del par de oficiales favoritos pero que, tras negarse, las recomendaciones de las poderosas autoridades no se ejecutaron y los ascensos dentro de la élite militar se realizaron sin influencia del Ejecutivo.
Las acusaciones del exjefe del ejército provocaron que el Congreso -controlado por la oposición-, la fiscalía y la entidad que defiende los intereses del Estado investiguen por corrupción a Pacheco y dejaran abierta la posibilidad de incluir a más autoridades.
La denuncia no generó renuncias inmediatas, pero el malestar entre otros miembros del Ejecutivo fue notorio, entre ellos en la primera ministra Mirtha Vásquez. El ministro de Defensa dimitió el domingo y el lunes un medio local publicó una nueva denuncia contra el secretario presidencial acusándolo de pedir al jefe de la agencia tributaria que ayude a una empresa deudora.
La nueva acusación presionó más al Ejecutivo y provocó que la primera ministra y los ministros de Economía y Justicia comentaran de forma pública que Pacheco debía dimitir. El secretario recién dejó el cargo el viernes en la mañana.
Horas después los fiscales tocaron la puerta del palacio presidencial para interrogarlo.
Es la primera vez, desde que Castillo llegó al poder el 28 de julio, que su entorno de funcionarios más cercano es golpeado con fuerza por un escándalo de corrupción en un país que ha visto a casi todos sus presidentes de los últimos 35 años condenados o investigados por este delito.
Pacheco, un maestro de escuela de 51 años, era una pieza clave del gobierno y acompañaba en todos los actos públicos al mandatario.
Según el sitio de registros del palacio, en sus casi cuatro meses en el cargo Pacheco se reunió con más de un centenar de visitantes, incluyendo el presidente de la firma Dickens & Madson, quien ha asesorado a juntas militares de Myanmar y Sudán; al expresidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, y a Henri Falcón, opositor venezolano al gobierno de Nicolás Maduro.
En Perú no es inusual que los fiscales ingresen al palacio presidencial para buscar información por investigaciones por corrupción. Ocurrió en los gobiernos de Martín Vizcarra (2018-2020), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y en los últimos tiempos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000).
Las acusaciones de corrupción en su entorno más cercano son un golpe para Castillo, que en el consejo permanente de la OEA criticó este delito porque “le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan”, prometió combatirlo e indicó que había corruptos de “todo calibre”. “La corrupción es un gran problema en mi país y tenemos corruptos hasta para exportar”, dijo en Estados Unidos.
El mandatario no se ha pronunciado. Su despacho dijo por Twitter que brinda todas las “facilidades” al trabajo de los fiscales.
Castillo inició su gobierno en julio y, de acuerdo con la ley, finalizará en 2026.
